Aldo Miguel | Maritza Mena
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió unarecomendación al Gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad ya los integrantes del Ayuntamiento de Ajalpan, por la omisión enla actuación de las autoridades en el linchamiento de dos hermanosque laboraban para una empresa encuestadora y fueron confundidoscon secuestradores.
El expediente de queja CNDH/2/2015/9193/Q fue integrado luego deque la autoridad municipal no solicitó apoyo a las corporacionesde seguridad pública de municipios aledaños y de la PolicíaEstatal, desde que se tuvo conocimiento de la intención de lospobladores, que se aglomeraban al exterior de la comandancia, delinchar a los hombres.
El 19 de octubre de 2015, los hermanos José Abraham y Rey DavidCopado Molina, encuestadores de Marketing Research & Services,fueron confundidos por pobladores de Ajalpan con secuestradores.Ambos murieron.
La recomendación expone que la autoridad municipal permitió elingreso de la turba a las instalaciones de la alcaldía a dondefueron trasladados los dos hombres, y después del arribo de lapolicía estatal a la presidencia de Ajalpan, uno de ellos estabacon vida, pero al ser agredida y replegada por la multitud, loselementos no realizaron mayores acciones para rescatar a lavíctima.
“Ambos hermanos, que laboraban en una empresa encuestadora,realizaban un estudio de los hábitos de compra y consumo detortilla de maíz en el municipio de Ajalpan; esta actividadresultó sospechosa para un grupo de personas, quienes solicitaronla presencia de la Policía Municipal. La actitud de los pobladoresse tornó violenta, manifestando su intención en lincharlos, porlo que los jóvenes fueron trasladados en una patrulla a lacomandancia que se encuentra en el Palacio Municipal, a la esperadel arribo del supervisor de la compañía”, narra parte de larecomendación.
La CNDH pidió a los Gobiernos del Estado y Municipal realizarla inscripción de los familiares de las víctimas en el RegistroNacional de Víctimas, para la reparación integral del daño;colaborar con el seguimiento de las denuncias y quejas que sepresenten ante la Secretaría General del Congreso del Estado, laFiscalía General, la Secretaría de la Contraloría, la Direcciónde Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y laContraloría Municipal de Ajalpan, contra los servidores públicosque intervinieron en los hechos.
Llevar a cabo el estudio, actualización y publicación del“Protocolo para la búsqueda de soluciones pacíficas, eldiálogo y el respeto de los derechos”, y del Bando de Policía yGobierno de Ajalpan, realizar un Diagnóstico de la Operatividaddel Centro Coordinador de Seguridad Pública y del Servicio deLlamadas de Emergencia del Estado, y ejecutar las propuestas quedel mismo se deriven.
“De manera particular, se recomienda al gobernador del Estadoconstituir un fideicomiso que garantice los estudios hasta el nivelsuperior de los hijos de una de las víctimas, incluyendo laentrega de uniformes y útiles escolares”, expone la CNDH yrecomienda también iniciar los trabajos legislativos paraarmonizar la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado dePuebla con la Ley General de Víctimas, entre otras.
“La Comisión Nacional estima pertinente dar vista de estaRecomendación a La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago),para que en el marco de sus atribuciones se adopten acciones ymedidas para prevenir casos de linchamientos, protocolos deactuación para las instancias de seguridad pública y lacapacitación de servidores públicos en el diálogo y lamediación ante este tipo de eventos”.
El Gobierno estatal aceptará y cumplirá con la recomendaciónque le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por ellinchamiento de dos encuestadores que se registró en 2015 en elmunicipio de Ajalpan, no obstante, antes le hará algunasaclaraciones sobre el caso, adelantó el secretario General deGobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano.
Reconoció que en la recomendación se señala que hubo omisiónde las autoridades municipales y estatales para impedir que secometieran estos crímenes, no obstante, trató de desligar a laadministración de Antonio Gali Fayad al aclarar que la negligenciaen lo que a las autoridades estatales se refiere, fue del Gobiernode ese entonces.
“La recomendación que recibimos el día de hoy 17 de enero,lo que está planteando básicamente es un asunto de omisión porparte de autoridades municipales y por parte de autoridadesestatales de ese entonces”, dijo Carrasco Altamirano.
De importancia es recordar que cuando se presentó esteincidente, al frente de la SGG -dependencia encargada de lagobernabilidad en el estado- se encontraba Jorge Benito CruzBermúdez, como encargado de despacho, quien actualmente esdirigente estatal del PRD.
Apuntó que la Consejería Jurídica del gobierno estatal seencuentra revisando la recomendación y los señalamientos que ahíse hacen, a fin de aceptarla o rechazarla, no obstante, previo quesí ingresará y será cumplida.
“Seguramente como ha ocurrido con todas las recomendacionesque manda Derechos Humanos, con las aclaraciones pertinentes quesiempre hacemos, seguramente será aceptada por el gobierno delestado”, dijo.
Sobre las recomendaciones específicas que le hace la CNDH algobierno de Puebla, refirió que se ha avanzado en el protocolo debúsqueda de soluciones pacíficas y la coordinación que debehaber entre los gobiernos municipal y estatal para evitar este tipode casos.
“Lo que hace falta aquí, según esta recomendación, es unfideicomiso para garantizar los estudios hasta nivel superior delos hijos de una de las víctimas y por supuesto hacer algunostrabajos de armonización legislativa en esa materia, que lo vamosa hacer sin duda con el mayor compromiso.
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