Miembros de la organización no gubernamental indigenista local Pueblos Unidos en Defensa y Preservación del Bosque, señalaron que existen contradicciones entre la información brindada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sobre las concesiones otorgadas para la tala de árboles en la Sierra Norte.
A razón de la confrontación que hay entre habitantes de diferentes comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán contra presuntos talamontes, que ha generado momentos de tensión y la retención de camiones y de madera, la Semarnat dio a conocer que existen 23 permisos vigentes, que fueron autorizados en el periodo de 2015 a 2019, sin embargo, los pobladores afirman que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó de 11 autorizaciones.
“Nosotros tenemos copias de los permisos que corresponden a otras fechas y tienen muchas irregularidades, no sabemos si la dependencia no tiene ese dato”, señaló la fuente.
Los activistas señalaron la falta de confianza en las dependencias federales, ante la falta de acciones contra la tala que continúa realizándose en el bosque.
"Por ahora, nos han mostrado indicios de corrupción en Puebla y tal vez por eso no nos hacen caso y manden supervisión, porque aquí ya no tenemos confianza de que no respondan a los intereses económicos de las personas que están teniendo es aprovechamiento forestal de manera ilegal (…) también estamos ya contactando a organizaciones y dependencias; también estamos aclarando esa información que no es real con respecto a los permisos otorgados por Semarnat, tenemos las pruebas", secundó otro de los entrevistados.
Los consultados, señalaron que la autoridad prometió visitas por parte de la Profepa, que no ha generado ningún resolutivo, acción legal o algo que haga saber que están tomando cartas en el asunto, aun cuando hay amenazas contra "nosotros, quienes estamos defendiendo el bosque porque nos quieren limitar; si sigue esta actitud, en un tiempo muy lejano, podría haber una confrontación mayor entre pobladores y taladores, esos lo que queremos evitar; acá no se está cumpliendo, están afectando especies endémicas, no se está cumpliendo con la ley, ni siquiera sembrando árboles de la misma especie".
Los representantes de los Pueblos Unidos comentaron que habían tenido una mesa de trabajo con diferentes autoridades de los tres órdenes de gobierno y al día siguiente, se reanudaron las actividades de tala, lo que violentó el acuerdo comunitario y entonces, “las acciones que vengan pues ya no depende de nosotros, sino de las comunidades, de las que no sabemos cómo vayan a tomar”, dijo la fuente.
Luego de las amenazas que recibieron algunos activistas opositores a la tala ilegal, señalaron que, como medida de seguridad han implementado mantenerse lejos de la zona, evitan salir de casa y evitar cualquier confrontación con los taladores.
También aclararon que, después de leer lo señalado por la Semarnat, en el sentido en que no había tala clandestina, porque la tala estaba en el marco de la legalidad y que habían hecho supervisiones y otras acciones, ellos retiraron:
"Entonces ahora entendemos, que realmente van a supervisar los aprovechamientos, la revisión de los programas de manejo, la apertura de brechas; nosotros nos preguntamos ¿qué clase de legalidad es esa?", cuestionaron.
Otra de las inconsistencias que señalan es que hay dueños a quienes les han otorgado permisos y cuyas supervisiones realizadas, por autoridades federales y estatales, resultaron con dictámenes negativos “y, ahora, el detalle es que, en lugar de rebotar en los permisos, así como pedir alguna reparación del daño o alguna otra acción congruente con ese estado, le otorgaron otros permisos, pareciera que los premian”, reprochan.
Las fuentes señalaron que se está violentando la buena fe de las dependencias y la del pueblo, “esta situación nos molesta; es frustrante saber que vinieron autoridades hacer la inspección, vinieron a los predios señalados con los 11 permisos, resulta que la autoridad dice que son 23 (...) Nosotros tenemos copias de todos los permisos y las observaciones que han tenido, casi todas las irregularidades se concentran en que exceden el volumen autorizado, no acataron la normativa federal y, en algunos casos, que no existían marcas o que fueron derribados árboles no autorizados y que no acataron las disposiciones de los planes de manejo".
El conflicto con los talamontes, surgido a raíz de la retención de tres camiones a finales de enero de este año, ha provocado una tensión en las comunidades ixtacamaxtecas, por lo que incluso el Colectivo en Defensa de los Bosques de Mexcaltepec, en acuerdo de asamblea ejidal y comunitaria, intentaron cerrar el paso al transporte pesado en dos parajes en específico: Mexcaltepec y Tepexoxuca, por ser identificadas como rutas de salida de la madera ilegal.
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