La mitad del territorio del estado se encuentra concesionada para la industria extractiva y son grandes empresas multinacionales las que explotan los recursos naturales donde se asientan comunidades indígenas que son desplazadas por la violencia y la contaminación, acusó la organización El Campo es de Todos.
En el municipio de Ixtacamaxtitlán la empresa Almaden Minerals realiza trabajos “exploratorios”, que en realidad significan la extracción de diversos minerales, aún no a cielo abierto, pero sí a través de la adquisición de gran parte de la superficie de diversas comunidades. La idea es comprar la mayoría para forzar el desplazamiento, comentó Víctor Galaviz Díaz, representante del Comité de Lucha Indígena y Campesina (CEMPA) de la zona de Huauchinango.
El año pasado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reveló a través de un estudio que las fuentes de agua de comunidades en Puebla donde se desarrolla la minería, los proyectos hidroeléctricos y la extracción de hidrocarburos han sido contaminadas, sin que las demandas de la población se atendieran por el Gobierno a pesar de que se abastecen de ese mismo recurso hídrico para consumo humano.
Por su parte, los datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) señalan que existen en Puebla alrededor de mil 287 pozos hechos a través de técnicas “no convencionales” que se encuentran cerrados, taponados o en operación, mientras que la Secretaría de Economía (SE) refiere que la superficie concesionada para proyectos mineros asciende a poco más de 182 mil hectáreas.
Galaviz Díaz comentó que en la comunidad de Santa María Zotoltepec los habitantes han sido engañados para que vendan sus tierras a las transnacionales y en otros casos reciben una cantidad importante de recursos económicos para ceder su territorio. Esa comunidad está casi vendida.
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