Ordena Conagua demolición de presa en Aquixtla

La empresa responsable de la construcción de la estructura tendrá también que pagar una multa de más de 241 mil pesos

Edgar Barrios/Aquixtla

  · martes 7 de mayo de 2019

Foto: Especial

Aquixtla, Pue.- La delegación poblana de la Comisión nacional del agua (Conagua) ordenó a la empresa Tlaltempre la "remoción o demolición" de la presa ubicada en el arroyo Chignahuatzingo, en este municipio, según se desprende de la resolución incluida en el expediente VI/PB/PUE/2018/00078 y que señala que tendrá que pagar dos multas que suman poco más de 241 mil pesos.

Así, el estudio de 24 páginas y fechado el 15 de enero de 2019, en su primera resolución señala que la empresa encargada de la obra incurrió en una falta al artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales, por lo que se le impuso una multa de 120 mil 900 pesos. Por otra cantidad similar y por violaciones a ese mismo artículo, el punto segundo ordena otra multa, para sumar, en total, 241 mil 800 pesos de sanción. En el punto quinto advierte que, si la empresa no cumple con esa sanción económica, una vez que cause ejecutoria esta resolución, se procederá conforme a derecho corresponda.

Para los habitantes promotores de las acciones legales que derivaron en esta resolución de la Conagua, criticaron que fue a través de una instancia nacional defensora de los derechos humanos como lograron tener esta resolución, por extrañas trabas que la Conagua impuso para no dejarles acceder a este fallo, aunque ellos fueron los principales impulsores.

También acusaron que es extraña forma en que se resolvió, considerando que lo que no hicieron en año y medio, con argumentos como que no tenían para la gasolina, el asunto fue resuelto en 15 días previos a la renuncia de Alberto Jiménez Merino, entonces titular del organismo.

También señalaron que el principal impulsor de esta obra sigue engañando la gente y dice que ganaron la concesión, por lo que les pide una cooperación adicional de 7 mil 500 pesos para pagar el costo de ese trámite, aun cuando ya hay una orden de destrucción de esa obra que daña al ecosistema, favorece la acceso al agua a unos cuantos empresarios y no a seis comunidades y que, por la zona en la que está construida, es un riesgo para los habitantes, dado que la mecánica de suelos no ha sido estipulada y la temporada de lluvia la convierte en un riesgo.

Siguen pendientes las denuncias por las dos ocasiones en las que se retiraron los sellos de clausura impuestos por la Procuraduría Federal de Protección al ambiente (Profepa) y la misma Conagua, sin que haya sanciones judiciales al respeto, tampoco por el notorio avance de la obra, a pesar de la clausura.