Los ayuntamientos de San Gabriel Chilac y Eloxochitlán fueron señalados por haber sido opacos en cuanto al pago que realizaron por el manejo de residuos sólidos. Por ello, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Puebla (Itaipue) ordenó a ambas comunas informar apropiadamente sobre el monto invertido para dicho servicio.
A través de la última sesión ordinaria que tuvo el órgano garante, se atendieron diversos recursos de revisión, principalmente hechos contra gobiernos municipales. Del cúmulo de expedientes destacó el que tuvieron los citados ayuntamientos.
Según los recursos con folio RR-1988/2022 y RR-1976/2022, ambas comunas fueron omisas al informar cuánto invierte el erario por los servicios de relleno sanitario. No obstante, al ser un dato de dominio público, se determinó que ninguno de los dos municipios debe obstaculizar el derecho a la información.
Por su parte, el Itaipue resolvió diversas denuncias cometidas contra los ayuntamientos de Tuzamapan de Galeana, San Felipe Teotlalcingo e Ixcaquixtla. En ellas se argumentó que ningún municipio resolvió una solicitud de datos que buscaba conocer las acciones emprendidas para la atención de salud en la primera infancia. Por lo tanto, en caso de que ninguno tenga programas en esa materia deberá informarlo y justificarlo conforme a la ley.
Del mismo modo, el municipio de Chignahuapan acumuló un recurso de revisión, debido a que reservó su programa de obra pública 2022. No obstante, el Pleno del órgano garante resolvió a favor de que el sujeto obligado cumpla e informe a la opinión pública sobre sus estrategias de infraestructura del año pasado.
El gobierno de Huaquechula figuró igualmente en la lista de municipios amonestados. En su caso, se trató de tres recursos de revisión los que fueron interpuestos en su contra. La justificación de los expedientes fue que la comuna se reservó información sobre sus funcionarios, archivo, así como los gastos que ejerció la comuna durante 2019, 2020, 2021 y 2022.
Aunque la decisión del instituto fue en favor de que el ayuntamiento conteste conforme a la ley, se hizo igualmente énfasis en que la comuna puede no enviar la información solicitada, sólo en caso de que ésta sea inexistente, o bien, que su divulgación afecte el funcionamiento del gobierno.
Finalmente, destacó que el Itaipue dio respuesta a diversos expedientes interpuestos contra las secretarías de Turismo, Gobernación (Segob), Economía, Función Pública (SFP), así como Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot).
En los diversos recursos se pedía inicialmente que las dependencias informaran sobre cuántos expedientes reservados tienen en su poder. No obstante, en algunos casos no se justificó apropiadamente la razón por la cual dicha información no podía ser de carácter público, lo que se contrapone al derecho a la información.
