Alrededor de las 4 de la mañana, Rosa María corrió al cuarto de su hijo para despertarlo junto con su nuera y su nieta de apenas un año de edad y ponerlos en alerta. Tomaron la decisión de protegerse en una camioneta Pick up negra blindada que se encontraba en la cochera; creyeron que se trataba de un robo en su domicilio, en la junta auxiliar de Palmarito Tochapan: era supuesto personal de la Secretaría de Marina cateando dos inmuebles, con una orden de aprehensión contra un presunto líder huachicolero.
“Escuché ruidos extraños en la puerta de mi domicilio (sobre calle 8 Norte) y al revisar las cámaras de seguridad noté que había varios hombres tirados al piso que intentaban abrir la puerta con un objeto e impactos de arma de fuego”, cuenta Rosa con heridas evidentes en el rostro.
La empresaria hortícola menciona que los hombres se identificaron como marinos. “Dentro de la camioneta, con los seguros abajo, todos los hombres nos apuntaban con sus armas, nos amenazaban de muerte a mí y a mi familia si hacíamos caso omiso a las órdenes. Uno de los sujetos disparó al parabrisas del lado del copiloto, donde se encontraba mi hijo. El blindaje lo salvó, pero ellos seguían aferrados y nos lanzaron gas lacrimógeno”.
En el patio aún se encontraban los artefactos y casquillos de arma de fuego de grueso calibre, prueba de los acontecimientos, mientras le pedían bajara del vehículo y les entregara “una memoria USB” con las grabaciones de la incursión.
Los marinos encontraron las llaves de la camioneta y al abrirla encañonaron tanto a Rosa María como a su nieta. “Le apuntaron a la bebé, dijeron que si no descendía de la camioneta la matarían; por temor, bajé y fui obligada a llevarlos a donde se encontraba el sistema de videovigilancia”. Era en la habitación de la víctima donde se situaba el mando de las cámaras junto con su monitor, las cuales fueron arrancadas para sustraerlas con el fin de no dejar pruebas del operativo.
“Me golpearon y ensangrentaron, estaba desorientada, ya no entendía lo que me decían los hombres; de ahí salieron corriendo de la casa como unos rateros. También se llevaron dinero en efectivo que tenía en una caja de seguridad”.
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En tanto, las chapas de las puertas de la casa de un vecino vendedor de tortillas fueron forzadas para ingresar a la vivienda. El hombre de familia fue amarrado de pies y manos para que no opusiera resistencia. “Mi hijo nos habló por teléfono, dijo que había varios hombres en el patio fuertemente armados, pedía ayuda; en ese momento se cortó la llamada y mi esposa fue a ver lo que estaba sucediendo”, narra el padre de la víctima, enfurecido por los hechos.
A él también le fueron arrebatados documentos oficiales y dinero en efectivo de la venta de su negocio; la vivienda presentaba un desorden total y algunos muebles removidos y con el vidrio de la puerta destrozado en pedazos.
“Al llegar a la casa había un cerco de elementos de la Marina, impedían el paso a cualquier persona, además nos amenazaban de muerte y nos corrieron”, señala el familiar, quien no sabe la razón del ingreso de las fuerzas castrenses.
ALERTA EN REDES ALCALDE ELECTO
Por su parte, el presidente electo de Quecholac, José Alejandro Martínez Fuentes, mencionó que al escuchar pasos en su azotea se asustó al igual que sus hijos, quienes se pusieron a salvo en una de las habitaciones mientras él transmitía vía Facebook lo que cámaras de seguridad reportaban en las calles fuera de su vivienda.
Una vecina que intentó cruzar la calle, rumbo al molino, fue interceptada por los marinos, quienes hicieron un disparo al suelo que la lesionó producto de un rozón o por el rebote del casquillo. Los elementos se encontraban encapuchados y algunos vestían ropa de civil e instantes después salieron de la comunidad, en tanto los pobladores comenzaron a reunirse frente a las casas cateadas.
PROTESTA
Un grupo de al menos 200 habitantes implementó un bloqueo sobre la autopista Puebla-Orizaba, en el entronque a Palmarito Tochapan, con el cual exigieron una explicación de los hechos que consideran un agravio similar al registrado el 3 de mayo de 2017, cuando un operativo del Ejército dejó el saldo de seis civiles y uniformados muertos.
A pesar de que trascendió que la incursión de la Marina obedeció a una orden de aprehensión, los pobladores exigieron el cese de las agresiones de elementos federales y la reparación de los daños ocasionados, por lo que buscarán hacer las denuncias correspondientes.
Cabe destacar que al cierre de esta edición trascendió en un medio nacional que la Secretaría de Marina (Semar) negó la incursión en la localidad de Palmarito mediante un operativo, sin embargo, aún no había una postura oficial.
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