Una mujer, paciente del Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de este municipio, quien padece lumbociática entre otros problemas de salud, fue excluida de los servicios de esta clínica tras haber presentado una queja ante Jorge Humberto Uribe Téllez, secretario de Salud en Puebla, en la que expuso las condiciones en las que opera dicho lugar y solicitar una mejora para el bienestar de los pacientes.
Pacientes de la unidad refirieron que el martes 7 de enero, cuando el secretario de Salud estuvo de visita en Teziutlán para participar en Jornada de Atención Ciudadana, punto en el que atendió a una mujer del municipio de Chignautla, quien le expuso algunos de los problemas por el que atraviesan los pacientes que hacen uso de esta UBR, al encontrarse operando en un domicilio particular.
De la misma forma, cabe recordar que fue a finales de la administración municipal de Constantino Aparicio Isidro, en el periodo 2011-2014, cuando llevó a cabo la inauguración de este espacio en la comunidad de Sosa, mismo edificio que tras su salida comenzó a presentar daños de infraestructura, motivo por el que el exedil Arturo Córdova Ruiz en el periodo 2014-2018, dio inicio a acciones de rehabilitación que no fueron concluidas.
Por tal motivo, a finales del mes de octubre de 2019, bajo la actual administración que preside Luciano Aparicio Rodrigo, conjuntamente con su esposa María del Carmen Colosia González, decidieron trasladar la UBR a una casa particular, ubicada en la Sección Quinta, cuya propiedad pertenece al hermano del edil, Cecilio Aparicio Rodrigo, a quien pagan una renta mensual por ocupar dicho espacio.
De este forma, fue el secretario de salud, quien al recibir dicha queja, envió a personal de esta dependencia para verificar el estado en el que se encuentra, constatando que se trata de un lugar insalubre y que no cuenta con lo mínimo para prestar el servicio médico, solicitando una explicación tanto a la delegación del sistema estatal como a la presidenta de este organismo municipal; la primera instancia, quien dijo desconocer el estado de esta UBR, mientras que por parte de la presidenta, tampoco supo dar una explicación, de los motivos por los que no cuentan con instalaciones apropiadas.
De tal forma, dicho personal de salud, habría amenazado con la clausura de esta clínica ante dichas problemáticas presentadas, lo cual no fue concretado, debido a un supuesto compromiso de las autoridades municipales, para acelerar los trabajos de rehabilitación del edificio de la UBR, para nuevamente prestar los servicios en instalaciones propias.
No obstante, tras dicha queja, pacientes de la unidad revelaron que directivos del sistema municipal DIF sostuvieron un diálogo con la mujer que dio a conocer el caso al secretario de Salud, esto con el fin de reprenderla y obligarla a desistir de los servicios que son ofertados en este lugar, culpándola de la probabilidad del cierre de esta clínica que dejaría sin servicio a cerca de 60 personas que mensualmente hacen uso de la atención.
