Los predios ubicados en El Cerrito de Guadalupe y Rústico Sección Tercera, donde vecinos acusan que presuntamente son talados de forma ilegal, pertenecen al exedil Macario Vázquez Báez, informó el Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, encabezado por Porfirio Loeza Aguilar, al afirmar que el exmunícipe cuenta con los permisos correspondientes, otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), emitidos durante los últimos días del sexenio federal anterior.
A través de su cuenta oficial de Facebook, el gobierno municipal se deslindó de lo que ocurre en dichos predios, sin embargo, adelantó que buscarán que se lleve a cabo una supervisión, así como la cancelación de dichos permisos.
Se informó de igual manera que Lidia Ascencio Rojas, directora de Ecología, envió una petición a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a fin de llevar a cabo dicha supervisión, a fin de atender la inquietud de la población, con respecto a los comentarios que se han generado.
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De esta manera, dieron a conocer que, uno de los permisos, para poder llevar a cabo estas actividades, fue emitido el día 24 de agosto de 2018, con número de oficio DFP/SGPARN/3892/2018 y bitácora 21/F5-0321/06/18, resuelto para el predio “Rústico ubicado en la sección tercera”, mismo que cuenta con una vigencia de diez años, para el sistema silvícola irregular, aprobado por el Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI) y que culmina el 23 de agosto de 2028.
Respecto al predio El Cerrito, fue otorgado el día 12 de septiembre de 2018, con número de oficio DFP/SGPARN/4160/2018 y bitácora 21/F5-0075/07/18, que también cuenta con una vigencia de diez años, en el sistema silvícola irregular, aprobado por el Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI), cuya caducidad será el 11 de septiembre de 2028.
Según confirmó, la directora de Ecología Lidia Ascencio Rojas, dichos permisos, cuentan con la firma de la entonces delegada de la Semarnat en Puebla, Daniela Migoya Mastretta, siendo de la total incompetencia de la autoridad municipal, prohibir o detener el corte y traslado de estos recursos maderables, tocando el turno a la autoridad federal, intervenir y hasta en dado caso, echar atrás dichos permisos.
