/ lunes 5 de abril de 2021

Señala CNDH agravios de CFE contra activistas de Cuetzalan

En junio de 2018, los activistas afectados se inconformaron por considerar que el proyecto irrumpía "en el seno del pueblo Maseual"

Cuetzalan, Pue. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendación al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, por agravios contra ocho defensores de los derechos humanos de este municipio por haber sido estigmatizadas en el marco de la ejecución del proyecto "Línea de Alta Tensión Cuetzalan entronque Tezuitlán II-Tajín"; recomendación que quedó asentado en la numeración 09/2021.

De acuerdo a esa recomendación, en junio de 2018, los activistas afectados se inconformaron ante la CNDH por considerar que el proyecto irrumpía "en el seno del pueblo Maseual" e impuesto bajo el argumento de beneficioso para la región, sin habérseles proporcionado la información suficiente y sin entregarle los estudios respectivos. Esta comunidad indígena decidió clausurar simbólica y popularmente las obras este proyecto.

A raíz de esta movilización indígena, a los quejosos se les inició una carpeta de investigación en la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General), donde se le solicitó su comparecencia como probables responsables del delito de oposición a la ejecución de una obra pública.

La carpeta de investigación integró un escrito de la CFE en el que amplió su denuncia, teniendo como principal sustento notas periodísticas publicadas a través de portales de Internet en las que se reiteraron acusaciones contra las personas defensoras de derechos humanos, estigmatizándolas sin sustento alguno, según se lee.

Bajo este argumento, el organismo defensor de los derechos humanos estableció que se vulneró el derecho de las personas a defender los derechos humanos, toda vez que el Estado y sus agentes no deben poner en duda la legitimidad del trabajo de los defensores de derechos humanos y sus organizaciones, ni realizar declaraciones que sugieran una actuación indebida o ilegal, sólo por llevar a cabo labores de promoción y protección de dichas prerrogativas.

Bajo este contexto, se solicitó a Bartlett días que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, depare integralmente el daño a las personas afectadas; les brinde atención psicológica e implementar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, específicamente en el artículo noveno sobre "Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales".

También se instala llevar a cabo un acto público de reconocimiento de la labor de las personas defensoras de los derechos con humanos, así como de responsabilidad y desagravio institucional; lo que incluye realizar las solicitudes correspondientes a los motores de búsqueda como Google y Yahoo para que no sea posible acceder al nombre de las víctimas en los mismos.

Incluyó impartir a los trabajadores de la CFE cursos de capacitación sobre estándares relacionados con los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas; sobre todo los derechos de libertad de reunión, a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, así como a la criminalización de personas defensoras de los derechos humanos.

Cuetzalan, Pue. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendación al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, por agravios contra ocho defensores de los derechos humanos de este municipio por haber sido estigmatizadas en el marco de la ejecución del proyecto "Línea de Alta Tensión Cuetzalan entronque Tezuitlán II-Tajín"; recomendación que quedó asentado en la numeración 09/2021.

De acuerdo a esa recomendación, en junio de 2018, los activistas afectados se inconformaron ante la CNDH por considerar que el proyecto irrumpía "en el seno del pueblo Maseual" e impuesto bajo el argumento de beneficioso para la región, sin habérseles proporcionado la información suficiente y sin entregarle los estudios respectivos. Esta comunidad indígena decidió clausurar simbólica y popularmente las obras este proyecto.

A raíz de esta movilización indígena, a los quejosos se les inició una carpeta de investigación en la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General), donde se le solicitó su comparecencia como probables responsables del delito de oposición a la ejecución de una obra pública.

La carpeta de investigación integró un escrito de la CFE en el que amplió su denuncia, teniendo como principal sustento notas periodísticas publicadas a través de portales de Internet en las que se reiteraron acusaciones contra las personas defensoras de derechos humanos, estigmatizándolas sin sustento alguno, según se lee.

Bajo este argumento, el organismo defensor de los derechos humanos estableció que se vulneró el derecho de las personas a defender los derechos humanos, toda vez que el Estado y sus agentes no deben poner en duda la legitimidad del trabajo de los defensores de derechos humanos y sus organizaciones, ni realizar declaraciones que sugieran una actuación indebida o ilegal, sólo por llevar a cabo labores de promoción y protección de dichas prerrogativas.

Bajo este contexto, se solicitó a Bartlett días que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, depare integralmente el daño a las personas afectadas; les brinde atención psicológica e implementar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, específicamente en el artículo noveno sobre "Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales".

También se instala llevar a cabo un acto público de reconocimiento de la labor de las personas defensoras de los derechos con humanos, así como de responsabilidad y desagravio institucional; lo que incluye realizar las solicitudes correspondientes a los motores de búsqueda como Google y Yahoo para que no sea posible acceder al nombre de las víctimas en los mismos.

Incluyó impartir a los trabajadores de la CFE cursos de capacitación sobre estándares relacionados con los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas; sobre todo los derechos de libertad de reunión, a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, así como a la criminalización de personas defensoras de los derechos humanos.

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