Puebla se encuentra entre los estados más violentos para la prensa en el país, concluyó la organización Artículo 19 en su informe anual 2019, “Disonancia: voces en disputa”.
Según el reporte, el mayor número de agresiones ocurrieron en la Ciudad de México, con 84 casos, equivalentes a 13.79 por ciento del total. Enseguida se ubica Quintana Roo, con 57 agresiones, es decir, 9.35 por ciento. De cerca, siguen Guerrero, que ocupó el tercer lugar, con 51 agresiones (8.37 por ciento) y Puebla, en donde hubo 34 agresiones (5.58 por ciento). En Oaxaca y Veracruz se documentaron 33 ataques en cada uno (5.41 por ciento).
“No puedo dejar de señalar que Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz siguen estando en el tope de la lista de estados más violentos para el periodismo”, subrayó Ana Cristina Ruelas, directora de la organización en México y Centroamérica que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas.
En la presentación del informe este martes destacó que las prácticas de gobiernos estatales por censurar la libertad de expresión en el espacio digital se mantuvieron como en el 2018, confirmando que la Secretaría de Seguridad Pública estatales son las instituciones que más demandan eliminar contenido en redes sociales y sin orden judicial. Facebook fue la principal red social a la que se pidió, con diversas argucias, la remoción de información.
Indicó que en comparación con el año anterior, en 2019 las agresiones del tipo uso ilegítimo del poder público se duplicaron y el número de agresiones contra medios de comunicación incrementó 100 por ciento.
El tipo de ataques sufridos son: estigmatización por medio de la comunicación oficial, amenazas de acciones legales y campañas de desprestigio.
Así, las autoridades públicas de los gobiernos federal, estatal y municipal, pusieron en entredicho la reputación, imparcialidad y la ética de un medio como respuesta a publicaciones periodísticas.
La directora de Artículo 19 llamó a los gobiernos y poderes a combatir la impunidad de los crímenes contra periodistas, garantizar la existencia de una política de protección integral, promover el desarrollo mediático y la independencia de los medios de comunicación; garantizar el acceso a la información, más aún para las comunidades más alejadas; combatir la desinformación y eliminar el uso del lenguaje estigmatizante y de incitación a la violencia, así como reconocer la importancia de las mujeres en el espacio cívico.
CASO LYDIA CACHO SIGUE IMPUNE
El informe anual recuerda que 2019 fue el primer año en el que la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) logró llevar a buen puerto una investigación exhaustiva en contra de los probables autores materiales del crimen contra la periodista y activista Lydia Cacho por el caso Mario Marín Torres.
Sin embargo, después de 15 años de espera, la justicia no ha llegado. A la fecha, solamente han sido detenidos cinco policías que presuntamente participaron en el crimen y sólo uno de ellos, José Montaño Quiroz, que participó directamente en la tortura de Cacho, ha recibido sentencia firme, mientras que otro comandante de la entonces Policía Judicial de Puebla ya fue condenado con una pena muy reducida que será revisada en apelación.
Artículo 19 refirió que en abril, una magistrada federal ordenó la aprehensión del exgobernador Marín y del empresario Kamel Nacif, quienes presuntamente ordenaron la detención y tortura de la periodista, sin embargo, una vez emitidas las órdenes, ambos escaparon y en julio de 2019 la activista tuvo que salir de manera forzada del país, pues su casa fue allanada y sus mascotas, asesinadas por dos sujetos desconocidos que, además, sustrajeron material de trabajo relacionado con una nueva investigación periodística.
