La reducción del presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF), así como la extinción de 13 fideicomisos, son acciones que afecta las labores sustantivas en la impartición de justicia y la independencia judicial.
Lo anterior opinó Simón Alejandro Hernández, coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana Puebla, quien, a través de un video difundido por la casa de estudios, refirió que esta medida, recién aprobada por la Cámara de Diputados, ha sido cuestionada por poner en riesgo la autonomía del PJF.
Precisó que dicha medida no responde a un esquema de ahorro y de economización de los recursos públicos, tal y como han justificado desde el Poder Legislativo para dar fin a 13 de los 14 fideicomisos con los que contaban.
Más bien, dicha acción supone ser una manera de presionar, indebidamente, a los integrantes del PJF, y parece tener la intención de generar injerencias en su interior, agregó.
“Hay que destacar que los propios jueces y magistrados han señalado la necesidad de garantizar la autonomía presupuestal para el ejercicio de la función judicial”, argumentó, y descartó que el retiro de los mismos no afecte, de forma general, a todos los trabajadores.
Incluso, en este sentido, la acción del Poder Legislativo va en contra de lo señalado por la Corte Interamericana, que refiere que, en contextos de polarización social, los poderes públicos tienen el deber de no afectar su independencia ni sus funciones, aseguró.
“Por eso es importante garantizar esta independencia judicial, para asegurar el orden democrático con respecto a los derechos humanos en nuestro país y no generar una concentración de poder”, finalizó.
