/ lunes 9 de diciembre de 2019

Gobernación o Comisión Estatal de Atención a Víctimas, pagarían linchamiento en Acatlán

En octubre, el Ayuntamiento aceptó la recomendación de la CDH

Si el Ayuntamiento de Acatlán de Osorio no puede solventar la reparación económica del daño por el linchamiento de Ricardo N. y Alberto N. ocurrido el 29 de agosto de 2018, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas o la Secretaría de Gobernación en Puebla, tendría que indemnizar a los familiares.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado, José Félix Cerezo Vélez, afirmó que el organismo inició el seguimiento de los puntos recomendatorios del expediente 12/2019 emitido el 17 de octubre a la comuna de Acatlán y apenas la semana pasada aceptó la recomendación, con excepción de la indemnización cuyo monto establecieron los familiares en 200 millones de pesos.

“Ya aceptaron y estamos en esa etapa, ellos tienen 90 días para ir aceptando, tengo entendido que están en la cuestión económica, ellos van a valorar la situación porque hay un abogado que asesora a las víctimas y que quiere 200 millones de pesos”, dijo.

Félix Cerezo expuso que solo la CDH sabrá si se cumple la recomendación y que no pone precio para la reparación del daño, por lo que en el caso de que el Ayuntamiento no tuviera la cantidad que los familiares solicitan se notificará a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que entraría en operaciones en enero del 2020, o a la Secretaría de Gobernación para que paguen la indemnización.

“Se puede dar vista a esta comisión y ellos en forma adicional pudieran reparar esta parte de la indemnización, pero ese es un mecanismo que ellos tendrán que decidir, hay un transitorio que establece que como actualmente no existe la Comisión de Atención a Víctimas la Secretaría de Gobierno tiene esa función”, citó.

El 6 de diciembre El Sol de Puebla publicó que el gobierno municipal de Acatlán había aceptado casi todos los puntos recomendatorios, con excepción de la indemnización para la familia de los dos hombres linchados el 29 de agosto de 2018, y argumentó que tenía que esperar a que el Tribunal de Justicia Administrativa emitiera una resolución de los amparos que los deudos interpusieron.

Si el Ayuntamiento de Acatlán de Osorio no puede solventar la reparación económica del daño por el linchamiento de Ricardo N. y Alberto N. ocurrido el 29 de agosto de 2018, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas o la Secretaría de Gobernación en Puebla, tendría que indemnizar a los familiares.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado, José Félix Cerezo Vélez, afirmó que el organismo inició el seguimiento de los puntos recomendatorios del expediente 12/2019 emitido el 17 de octubre a la comuna de Acatlán y apenas la semana pasada aceptó la recomendación, con excepción de la indemnización cuyo monto establecieron los familiares en 200 millones de pesos.

“Ya aceptaron y estamos en esa etapa, ellos tienen 90 días para ir aceptando, tengo entendido que están en la cuestión económica, ellos van a valorar la situación porque hay un abogado que asesora a las víctimas y que quiere 200 millones de pesos”, dijo.

Félix Cerezo expuso que solo la CDH sabrá si se cumple la recomendación y que no pone precio para la reparación del daño, por lo que en el caso de que el Ayuntamiento no tuviera la cantidad que los familiares solicitan se notificará a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que entraría en operaciones en enero del 2020, o a la Secretaría de Gobernación para que paguen la indemnización.

“Se puede dar vista a esta comisión y ellos en forma adicional pudieran reparar esta parte de la indemnización, pero ese es un mecanismo que ellos tendrán que decidir, hay un transitorio que establece que como actualmente no existe la Comisión de Atención a Víctimas la Secretaría de Gobierno tiene esa función”, citó.

El 6 de diciembre El Sol de Puebla publicó que el gobierno municipal de Acatlán había aceptado casi todos los puntos recomendatorios, con excepción de la indemnización para la familia de los dos hombres linchados el 29 de agosto de 2018, y argumentó que tenía que esperar a que el Tribunal de Justicia Administrativa emitiera una resolución de los amparos que los deudos interpusieron.

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