La Universidad Iberoamericana Puebla manifestó a través de un comunicado su rechazo ante el anuncio del acuerdo para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como la propuesta de una reforma constitucional para esta intervención.
Fue el pasado 8 de agosto, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó nuevamente su intención de incorporar las funciones de la Guardia Nacional a esta dependencia, buscando omitir la participación Poder Legislativo en aprobación de la iniciativa de la reforma para dicha integración.
Es por ello que, la universidad a través del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y la Clínica Jurídica Minerva Calderón, pertenecientes a la Ibero Puebla, exhortó al titular del ejecutivo federal a considerar el rediseño de esta estrategia de seguridad.
Cabe señalar que, dicha propuesta va en contra de lo que se estableció en el decreto oficial de la creación de la Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 27 de junio del 2019, el cual afirma en el artículo 4: " La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría".
La Ibero Puebla remarcó además que la reforma con la que se creó la Guardia Nacional estableció un plazo de cinco años para la salida de las fuerzas armadas, debido a que es una actividad subordinada al mando civil y descentralizada.
“Instamos al Ejecutivo federal a apostar por la revisión de la estrategia de seguridad de carácter integral desde un enfoque de derechos humanos y seguridad ciudadana, y trazar una ruta para el retiro de las fuerzas armadas de estas funciones, garantizando la participación de las víctimas y de sociedad civil en su construcción”, precisó.
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De acuerdo con la institución, dicha iniciativa atenta en contra de la vigencia de los derechos humanos en México, pues perjudica el orden constitucional e invade las facultades del Congreso de la Unión y evidencia el incumplimiento del Estado mexicano con sus obligaciones.
“El mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles y que, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada”, enfatizó.
Con información de Luis Romero / El Sol de México
