El gobierno de Luis Miguel Barbosa impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la suspensión otorgada al Ayuntamiento de Puebla para no tomar el control de la seguridad pública como ha querido desde 2020.
El pasado 22 de junio, el director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica, y representante legal del Poder Ejecutivo de Puebla, promovió un recurso de reclamación con el expediente 59/2021-CA, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 54/2021.
Lo que el gobierno de Barbosa impugna es la resolución dictada el 14 de mayo por la Corte, a favor del ayuntamiento que preside Claudia Rivera Vivanco.
“Atento a lo anterior, se tiene por presentado al promovente con la personalidad que ostenta, y por interpuesto el recurso de reclamación que hace valer en representación del Poder Ejecutivo de Puebla”, señala el expediente.
El director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica, y representante legal del Poder Ejecutivo, exhibió la documental, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano.
El origen del conflicto data del 20 de marzo de 2020, cuando el ayuntamiento promovió una controversia constitucional en contra del decreto de Barbosa para asumir el control de la seguridad pública municipal en todo el territorio, incluyendo sus juntas auxiliares, “hasta que se restablezca el orden público y se pueda garantizar la seguridad de las personas, sus bienes y sus derechos”.
Esto luego de que el gobernador quiso designar a Carla Morales Aguilar como delegada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, en sustitución de la actual titular Lourdes Rosales Martínez.
