El estado de Puebla se ubicó como la primera entidad a nivel nacional con más inhabilitaciones a servidores públicos, al sumar un total de 297 suspensiones para laborar en algún ente de gobierno, las causas por las que se les sancionó fueron: negligencia administrativa, violación a la normatividad presupuestal, abuso de autoridad, cohecho y extorsión.
Los datos del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados que alimenta la Secretaría de la Función Pública federal, revelan que casi el 73 por ciento de las inhabilitaciones en Puebla se aplicaron del 2015 al 2019.
El periodo de resolución de las inhabilitaciones registradas va del 2007 a mayo de 2019. De las 297 prohibiciones para trabajar en la administración pública, 166 tuvieron como causa la negligencia administrativa; 55 el incumplimiento de la declaración patrimonial; 36 por violación a la normatividad presupuestal; 32 por abuso de autoridad; cuatro por extorsión y cohecho; tres por violación a los procesos de contratación; y una por proceso penal.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas expone que, entre los supuestos en los que aplica la inhabilitación en un servidor público se encuentran: cohecho, una forma de soborno; peculado, la apropiación de recursos del erario; desvío del dinero público; uso indebido de la información; abuso de funciones; conflicto de interés; contratación indebida; enriquecimiento ilícito; y tráfico de influencias.
En el caso concreto de Puebla, destaca que la Contraloría del Estado aplicó 141 procesos de inhabilitación, resalta que en esta instancia se atendieron 19 casos por abuso de autoridad y 98 por negligencia administrativa, mientras que por la violación de la normatividad presupuestal se derivaron 21 casos.
La información del sistema, refleja que 97 de las inhabilitaciones se practicaron por Contralorías Municipales, las razones por las que procedió la suspensión en el servicio público fueron en su mayoría el incumplimiento de la entrega de la declaración patrimonial con 53 casos, por negligencia administrativa 21, por abuso de autoridad 12 y dos más por cohecho y extorsión.
.JPG "JAVIER GARCIA RAMIREZ (2).JPG")
El Congreso del Estado ha aplicado 58 inhabilitaciones a funcionarios públicos tras la revisión de los análisis de fiscalización, en estos casos, sólo existen dos razones por las que serán cesados del servicio público y corresponden a la negligencia administrativa y la violación a la normatividad presupuestal.
LAS INHABILITACIONES MÁS POLÉMICAS
La única inhabilitación obtenida como parte de una resolución de un juez y que se encuentra en el registro, es la de Jorge Coca Hernández, ex agente ministerial. A partir de encontrarlo culpable por sus nexos con el cártel de “Los Zetas”, además de la pena impuesta por las autoridades jurisdiccionales, se le impidió estar en el servicio público por cuatro años y seis meses.
La Contraloría del Estado fue la encargada de inhabilitar por 12 años a José Manuel Youshimatz Sotomayor, quien estaba al frente de la Dirección del Instituto Poblano del Deporte durante la administración de Rafael Moreno Valle; fue agredido a cachetadas por un adeudo a un constructor, después, se detectaron irregularidades en el ejercicio de los recursos a su cargo.
Durante el sexenio del ex gobernador Rafael Moreno Valle se dieron las inhabilitaciones de funcionarios del gabinete de su antecesor, Mario Marín Torres, Las sanciones fueron para Efraín Ruiz Meneses, Subsecretario de Obra Pública por 12 años; Blas Villegas Lara, director de la Comisión Estatal del Agua por un periodo de 12 años; así como la de Javier García Ramírez, secretario de Obra Pública por 12 años.
Por cohecho y extorsión, fueron acusados cuatro funcionarios, los casos más representativos fueron el de Bertín Ramírez Aguilar, ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social, quien se apropió de tarjetas destinadas a la reconstrucción del sismo, éste recibió una inhabilitación por 12 años.
Asimismo, Ismael Enrique Cruz Labastida, ex coordinador de Control Sanitario en Tehuacán, quien fue acusado de hacer operativos irregulares a comercios y por ello recibió una inhabilitación por siete años.
