La revocación del permiso de operación a Cabify por parte delGobierno del Estado es injusta, pues dejará sin empleo y condeudas a muchas personas y familias, criticaron conductores deCabify.
Decenas de socios de la Empresa de Redes de Transporte en la quetrabajaba Ricardo Alexis N., el presunto feminicida de MaraFernanda Castilla Miranda, se presentaron en las oficinas localesde Cabify para pedir información y que se defienda su fuente deempleo.
Los prestadores del servicio ejecutivo de transporte calificaronde injusta la medida, pues condenaron que por los actos de una solapersona, todos ellos estén en riesgo y se viole su derechofundamental al trabajo.
“Yo también soy conductor, como muchos, debo el carro, elmantenimiento, la gasolina y tengo la responsabilidad de llevar uningreso a mi casa, y nos están violando el quinto (artículo)constitucional porque nos están coartando el libre derecho deprofesión u oficio”, reclamó Manuel, uno de ellos.
Además, acusó, el Gobierno del Estado está actuadoinjustamente con Cabify, pues sólo se trata de un caso, mientrasque en otros servicios de transporte se presentan más ilícitos,“porque, ¿cuántas personas han sido asaltadas en taxis y hastala fecha no se resuelven?”, añadió.
También criticó que hay una marcada atención a la muerte deMara Fernanda, mayor a la que se ha prestado a otras víctimas dedelitos y como ejemplo citó el caso del estudiante de la Facultadde Medicina muerto durante un atraco, “perdón, pero parece quetodavía hay ciudadanos de primera y de segunda”, completó.
Por su parte, personal de Cabify pidió a los conductoresguardar la calma y continuar trabajando normalmente, no obstantesuspendió todas sus actividades administrativas y de reclutamientode nuevos conductores, mientras esperaba instrucciones acerca desus operaciones por parte de sus oficinas centrales.
