Los concesionarios del transporte público de Puebla señalaron que más que endurecer las sanciones penales y económicas a quienes circulen con unidades del servicio público o mercantil pirata, es necesario que se establezca un marco normativo para que se apliquen, además de que terminen con la corrupción de los funcionarios.
Al respecto, el transportista, Samuel Méndez, señaló que desde hace décadas existe una sanción penal por utilizar unidades sin permisos, pero que nunca se han hecho efectivas las multas o los arrestos, a pesar de que hay denuncias.
“Endurecer la pena no es tanto, sino que se haga efectivo lo que existe. Los diputados opinan, pero en realidad ahí está la ley y no la han aplicado para quitar las unidades piratas del Periférico Ecológico; hay multas severas”, expuso.
Además, comentó que los funcionarios estatales o municipales que “piden mordidas” mensuales a los permisionarios, para autorizar la circulación de los “vehículos o microbuses chocolates”, por la que antes de reformar el Código Penal de Puebla, debe existir una revisión del trabajo de los inspectores y hasta altos cargos en esta materia.
“La autoridad sabe cuáles son las rutas piratas, no hace nada, recibe lana (…) Supervisión del estado lo sigue tolerando y el municipio, recoge mucha lana. La nueva ley, lo único que se va a hacer es elevar las cuotas, aumentar la extorsión de los funcionarios a los permisionarios. Entonces, lo que se tiene que hacer es elevar la sanción contra los corruptos funcionarios”, comentó.
Recordó que actualmente el Código Penal en el artículo 190 BIS señala: “a quien a sabiendas de que no cuenta con la concesión dado por la autoridad, las concesiones (para ruta o taxi) se darán de tres meses a tres años de prisión y multa de 50 a 500 días de salario”.
Este lunes, el presidente de la Comisión de Transporte en el Congreso del Estado, Jonathan Collantes Cabañas, propuso hacer cambios en esta ley y que las penas pasen a cinco años de prisión y multas de 300 a 500 salarios mínimos.
Asimismo, otros concesionarios que dieron su opinión de forma anónima, señalaron que si en realidad las autoridades harán operativos para retirar las unidades habrá conflictos sociales por qué hay grupos organizados en unidades piratas, en particular en el interior del estado.
“En Acatzingo, por ejemplo, la regulación debe de ser en más de 2 mil unidades mototaxis que no tienen permiso, con el morenovallismo fue un operativo violento y ahora, ellos son una red organizada que funge además como halcón de los huachicoleros, de los que roban gas, pero también de los que venden droga”, comentó un líder de esa región.
Por esa razón, los concesionarios hicieron críticas al diputado presidente de la Comisión, Jonathan Collantes, pues dicen que le hace falta una asesoría en temas legales y de movilidad: “ese señor no sabe, está fuera de la realidad”, fueron una de las expresiones.
En lo positivo, los permisionarios señalaron que habrá un control de las unidades, se terminará la competencia desleal y los seguros de accidentes se hacen válidos.
Finalmente, es importante señalar que no hubo postura de concesionarios de la ruta Línea Periférico, que circula en la zona que el Sol de Puebla ha documentado la presencia de “taxis piratas”, así como la red de corrupción que involucra a funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte, y a Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública con el pago de “moches” para dejar circular a estas unidades irregulares.
