El diputado local y dirigente estatal de Pacto Social de Integración (PSI), Carlos Navarro Corro, negó que la detención del presidente municipal de Quecholac, José Alejandro N. lo salpique, pues aseguró que no tiene vínculos con él y el candidato cumplió con los requisitos de elegibilidad.

En entrevista en el Congreso del Estado refirió que quien otorga la constancia de antecedentes no penales es la Fiscalía General del Estado (FGE) y no el partido, no obstante, reconoció que los señalamientos contra el alcalde reelecto de Quecholac de presuntos hechos delictivos están desde 2018 e indicó que desde ese momento las autoridades tuvieron que resolver el problema.

Navarro aseguró que el instituto político revisó todos los documentos que José Alejandro N. presentó como candidato en las elecciones de 2018 y 2021 y cumplió con los requisitos, por lo cual no teme que el caso lo “alcance”, al señalar que no tiene ningún nexo con personas relacionadas con la delincuencia.

“El partido no puede ir de aquí para allá investigando conductas de la sociedad. No tengo ningún nexo con ninguna persona de la delincuencia. El partido es de la sociedad, yo no tengo ninguna liga, yo desconozco, no conozco al señor. Por supuesto (me deslindo) no nos andamos escondiendo”, declaró.

El dirigente estatal agregó que están en espera de que las autoridades resuelvan la situación legal del alcalde de Quecholac para determinar si el partido lo deja de apoyar, pues en ambos procesos electorales participó con las siglas de PSI.

El 27 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo al presidente municipal y hermano del personaje conocido como “El Toñín”, a quien el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ha acusado de ser líder de una banda de delincuentes que operan en la zona del denominado Triángulo Rojo.

Sobre el tema, la diputada y presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Mónica Silva Ruiz, explicó que si el suplente José Luis Peregrina Flores no quiere rendir protesta el 15 de octubre, el Cabildo tiene 15 días para nombrar a otro representante, de preferencia alguno de sus integrantes, de lo contrario, el Congreso tendrá que designar al sustituto.