/ lunes 2 de noviembre de 2020

Niegan derechos sexuales a mujeres con discapacidad en Puebla

La violencia, el abuso sexual, la esterilización forzada y aborto obligado son prácticas frecuentes en instituciones

Según el informe de Disability Rights International en México, Puebla es uno de los estados que deja fuera de su legislación los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, pues se encontró que las mujeres con discapacidad podían ser negadas de este derecho.

La violencia, el abuso sexual, la esterilización forzada, el aborto forzado y la trata con fines laborales o sexuales son frecuentes en el país, pues de acuerdo con el testimonio de los directores de hospitales psiquiátricos, en los que incluye El Batán de Puebla, señalaron que todas las mujeres internas en edad fértil habían sido “atendidas”. Esto en referencia a que se esterilizaron quirúrgicamente o se les colocaron parches anticonceptivos.

“La Norma Oficial Mexicana NOM005-SSA2-1993 sobre “Servicios de planificación familiar” (NOM 005) establece que el “retraso mental” en las mujeres es un “indicador” de esterilización por “oclusión tubaria bilateral”, fomentando la esterilización de este grupo”, dice el informe del DRI.

En ese sentido, expresaron que las personas en instituciones la violación a sus derechos sexuales y reproductivos es más grave, pues una vez que es ingresada pierde el derecho de tomar decisiones fundamentales sobre su propia vida sin que exista un proceso legal.

Por otra parte, el Observatorio de Género y Covid-19 en México, muchas de las personas con discapacidad han sido segregadas al institucionalizarlas en casas hogar, hospitales psiquiátricos, orfanatos y albergues, donde son víctimas de abuso sexual y esterilizaciones forzadas.

Además, se denunció que el abuso sexual a las niñas y mujeres con discapacidad que viven en instituciones pueden sufrir la negación de sus derechos sexuales y reproductivos, pues “el marco jurídico mexicano niega la capacidad jurídica de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, impidiendo que tomen sus propias decisiones”.

Igualmente, denunciaron que las publicaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para garantizar los derechos de las personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, no brinda información respecto a las personas institucionalidad.

Según el informe de Disability Rights International en México, Puebla es uno de los estados que deja fuera de su legislación los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, pues se encontró que las mujeres con discapacidad podían ser negadas de este derecho.

La violencia, el abuso sexual, la esterilización forzada, el aborto forzado y la trata con fines laborales o sexuales son frecuentes en el país, pues de acuerdo con el testimonio de los directores de hospitales psiquiátricos, en los que incluye El Batán de Puebla, señalaron que todas las mujeres internas en edad fértil habían sido “atendidas”. Esto en referencia a que se esterilizaron quirúrgicamente o se les colocaron parches anticonceptivos.

“La Norma Oficial Mexicana NOM005-SSA2-1993 sobre “Servicios de planificación familiar” (NOM 005) establece que el “retraso mental” en las mujeres es un “indicador” de esterilización por “oclusión tubaria bilateral”, fomentando la esterilización de este grupo”, dice el informe del DRI.

En ese sentido, expresaron que las personas en instituciones la violación a sus derechos sexuales y reproductivos es más grave, pues una vez que es ingresada pierde el derecho de tomar decisiones fundamentales sobre su propia vida sin que exista un proceso legal.

Por otra parte, el Observatorio de Género y Covid-19 en México, muchas de las personas con discapacidad han sido segregadas al institucionalizarlas en casas hogar, hospitales psiquiátricos, orfanatos y albergues, donde son víctimas de abuso sexual y esterilizaciones forzadas.

Además, se denunció que el abuso sexual a las niñas y mujeres con discapacidad que viven en instituciones pueden sufrir la negación de sus derechos sexuales y reproductivos, pues “el marco jurídico mexicano niega la capacidad jurídica de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, impidiendo que tomen sus propias decisiones”.

Igualmente, denunciaron que las publicaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para garantizar los derechos de las personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, no brinda información respecto a las personas institucionalidad.

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