Puebla es el único estado en México que no garantiza el acceso a la justicia, la libertad de expresión, salud, adecuado nivel de vida y protección social a las personas con discapacidad, según el informe especial sobre el derecho a la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, que elaboró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El reporte señala que la entidad poblana ha sido omisa para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, ya que registra cero avances en la armonización de la ley local con la nacional en cuanto al acceso a la justicia, porque los edificios de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y administrar la justicia no son físicamente accesibles o los servicios, la información y comunicación que proporcionan tampoco lo son.
Tampoco hay avances en la libertad de expresión, de opinión y acceso a la información, dado que las personas tienen derecho a consultar información pública en formatos accesibles y a recabar, recibir y transmitir ideas en igualdad de condiciones con los demás.
La comunicación puede ser en Braille, lengua de señas, sistemas de comunicación táctil y los formatos de lectura fácil y los modos, medios y formatos alternativos.
Puebla también es el único estado del país que no contempla la disposición jurídica para que las personas con discapacidad tengan acceso a la salud, por eso la CNDH recordó que la atención de la salud y la protección social seguirán estando fuera del alcance si no pueden acceder a los locales en los que se prestan esos servicios.
Otro pendiente es otorgar un nivel de vida adecuado y protección social, ya que es necesario prever que las normas incluyan requisitos de accesibilidad para que decidan dónde, con quién y cómo desean vivir y el tipo de servicio que más les conviene.
El informe de la CNDH señala que en 2018 Puebla recibió 21 millones 810 mil 171 pesos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las personas con discapacidad, que fue utilizado para la adquisición de unidades adaptadas, adecuar espacios, y construir un centro de alta tecnología para discapacidad auditiva y visual.
Las disposiciones jurídicas que registran avances de 60 por ciento es la igualdad y no discriminación, accesibilidad, educación, trabajo y empleo, así como la participación en la vida política, pública y cultural.