Quince años después, un hombre que fue torturado por agentes del ministerio público podría recibir justicia por parte del Ayuntamiento de Huauchinango y por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), pues la Comisión de Derechos Humanos (CDH) pidió que lo indemnicen y que le brinden toda la ayuda psicológica necesaria.
Fue a través de la recomendación 12/2022 que la CDH pidió a Gilberto Higuera Bernal, fiscal general del estado y a Rogelio López Angulo, presidente municipal de Huauchinango, la reparación integral de los daños y que ésta sea proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso.
¿Qué fue lo que sucedió con este hombre?
Pero, ¿qué fue lo que ocurrió?, este hombre fue detenido por ser acusado de los delitos de asalto y robo calificado en agravio de la sociedad, por lo que fue puesto a disposición de un agente del ministerio público investigador de Xicotepec de Juárez.
Sin embargo, en este trayecto fue torturado, varios hombres lo golpearon, le pusieron un trapo de agua y después le dieron “toques”. También lo desnudaron y trataron de lastimarlo ejerciendo violencia psicológica. De acuerdo con el informe todos estos hechos generaron un “acontecimiento traumático”.
Pese a todo esto, cuando ingresó al Centro de Reinserción Social del municipio de Huauchinango los encargados médicos, así como psicológicos no anexaron estos señalamientos en su expediente. Omitiendo totas las señales de tortura.
“Las secuelas emocionales son cicatrices psicológicas, se refieren a la estabilización del daño psíquico, es decir, a una discapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo ni con su tratamiento adecuado. Se trata, por tanto, de una alteración irreversible en el funcionamiento psicológico habitual”, se puede leer en el texto.
Por lo anterior, la CDH pidió a las autoridades antes mencionadas que trabajen en la indemnización, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Además, aunque han pasado 15 años el organismo pidió investigar los hechos, así como identificar, localizar, detener, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables.
Puntualmente al titular de la FGE, la CDH pidió brindar a los servidores públicos adscritos a la fiscalía, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, principalmente los relacionados con la integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos como los señalado. En suma, pidieron que la FGE remita as evidencias que demuestren su cumplimiento.
