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El gobierno del estado intervendrá a partir de enero con acciones conjuntas con el ayuntamiento de Puebla para combatir el ambulantaje, a fin de recuperar “la belleza de la ciudad”, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Aseguró que su administración creará espacios para que se ejerza el libre derecho al trabajo, pero no se permitirá que un grupo de personas actúe al margen de la ley, esto en referencia a que se mantienen los comerciantes en la vía pública.
“Me voy a meter al tema del ambulantaje en el mes de enero, porque tenemos que involucrarnos todos para que esta ciudad siga siendo la gran ciudad”, dijo en entrevista.
El mandatario señaló que con la prevalencia del ambulantaje se genera una percepción hacia el gobierno de forma generalizada, aunque no sea competencia del estado los ciudadanos piden respuestas y ejemplificó el caso con la colocación de bolardos en las calles que puso el ayuntamiento y que la ciudadanía le pidió que se retiren.
Cuestionado sobre el conflicto que se suscitó entre personal del Sistema Estatal DIF y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) por el bachillerato que sustentan en conjunto, informó que se va a corroborar la matrícula, ya que hay 200 alumnos y sólo 39 perecen al organismo de Desarrollo Integral de la Familia.
“Queremos que sean muchachos DIF, muchachos indígenas, muchachos pobres y no una matrícula normal y común, porque hasta ahorita lo único que tenemos identificado son 39 muchachos DIF y hay más de 200, para eso queremos corroborar los hechos”, detalló.
Miguel Barbosa mencionó que el proyecto y el comodato se mantendrá si se corrobora que quienes estudian ahí son jóvenes que pertenecen a clases populares. En tanto, declaró que se detectaron varios inmuebles que se dieron bajo esta figura, pero se vendieron en el morenovallismo.
Respecto al proceso de reemplacamiento, expuso que no habrá persecución contra los automovilistas que cambien sus placas de estado donde el trámite no tiene costo, pues están en su derecho.
Al final, confió en reducir los índices delincuenciales y revertir los indicadores en materia de seguridad para que sean positivos, incluido el certificación y déficit de policías en el estado.
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