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El Gobierno del Estado y los 50 Ayuntamientos en los que se activó la Alerta de Violencia de Género deben reforzar la capacitación de los servidores públicos, coordinarse con otras autoridades e instituciones, informar a los ciudadanos de las políticas que implementará para la implementación de políticas de combate y prevención de la violencia e independizar los esfuerzos del proceso electoral, consideraron organizaciones y especialistas.
Expertos en la materia, como María del Carmen García, fundadora hace 24 años del Centro de Estudios de Género de la BUAP, María del Rosario Arranbide González, responsable de orientación jurídica y social del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” de la Universidad Iberoamericana de Puebla (Ibero Puebla), así como Matías Rivero Marines, catedrático de la Facultad de Derecho de la UPAEP, coincidieron en que la declaratoria como tal no es suficiente para frenar la violencia y feminicidios que se han incrementado en el estado en los años recientes.
A decir de las especialistas, es indispensable que las autoridades implementen políticas concretas como, a decir de María del Carmen García, la valoración de los protocolos que en la materia ya tienen todas las dependencias del Gobierno del Estado, para evitar la capacitación inicial de los servidores públicos y el consumo de tiempo en tareas de preparación.
En este sentido, además Rosario Arranbide, subrayó que no debe desecharse el trabajo del grupo interinstitucional que integró el Gobierno del Estado desde meses atrás para ocuparse del tema, pues agregó que algunas tareas útiles no se concluyeron, como el diagnóstico de la problemática actual.
Además, ambas, consideraron que deben implementarse medidas concretas y urgentes para cumplir con los propósitos de prevenir, combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, especialmente los feminicidios, para lo cual se pronunciaron por la sensibilización de los servidores públicos, la integración de personal especializado en la recepción e investigación de los crímenes con perspectiva de género, campañas para informar a los ciudadanos de la identificación de la violencia y la deconstrucción de estereotipos parta avanzar en la eliminación de estereotipos por género, entre otros aspectos.
Y resaltaron en este sentido la importancia de que todas estas medidas sean acompañadas con medidas de monitoreo y evaluación a corto, mediano y largo plazo, no sólo porque indicó Arranbide, el Gobierno del Estado está obligado a presentar un informe de los avances en estos trabajos a los seis meses, sino porque coincidió Carmen García, conocer la forma en que funcionan permitiría tomar decisiones acerca de su mejoramiento.
Asimismo, destacó la orientadora de la Ibero Puebla, se requiere que los gobiernos destinen recursos presupuestales, humanos y materiales a la implementación de estas medidas, pues de otra manera no se podrán instrumentar y serán simplemente “ilusorias”.
Por su parte, Rivero Marines añadió que es también de suma importancia que las medidas sean adoptadas no solamente por el Gobierno del Estado, sino además por los Ayuntamientos, coordinadamente, pues los esfuerzos aislados en esta materia es el camino para multiplicar los buenos resultados.
NO AL USO ELECTORAL
A la par, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos y otras seis organizaciones sociales, emitieron un posicionamiento en el que exigieron al Gobierno del Estado no usar políticamente la emisión de la alerta de violencia de género.
En el manifiesto, los firmantes se pronunciaron porque las acciones que las autoridades adopten para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género debe ser informadas a la sociedad y además, que no tener una visión no sólo de resolución de la violencia, especialmente de los casos de feminicidios, sino también de prevención de atentados contra las mujeres.
Y es que las agrupaciones consideraron que si bien la declaratoria debe traducirse en un mecanismo institucional que integre a expertos en investigación criminal, feminicidio y desaparición, para resolver los más de 300 crímenes contra mujeres que se han cometido de 2015 a la fecha, también debe implementar políticas públicas concretas para frenar otros actos de violencia y garantizar el respeto a los derechos humanos de mujeres y niñas, a fin de velar por su seguridad y evitar que sean víctimas de violencia sexual y otras modalidades.
Finalmente, expresaron su preocupación porque la situación no sea aprovechada políticamente dado el proceso electoral por la gubernatura del estado, “resulta imperioso que este proceso no se instrumentalice para fines electorales y que exista una adecuada coordinación interinstitucional, asignación de recursos presupuestales, materiales y humanos, y monitoreo y evaluación de las medidas adoptadas a través de indicadores y metas claras, para realizar una transición adecuada de la implementación y cumplimiento de esta Declaratoria”, indican.
