/ miércoles 15 de diciembre de 2021

Por lentitud de la ASE, Congreso exime a 36 exfuncionarios públicos

Sin embargo, esto no evitará que el órgano de fiscalización presente las denuncias penales en contra de quien resulte responsable de daño patrimonial

Por lentitud de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Congreso de Puebla aprobó eximir de responsabilidades administrativas a 36 exfuncionarios públicos, sin embargo, esto no evitará que el órgano de fiscalización presente las denuncias penales en contra de quien resulte responsable del presunto daño patrimonial.

Durante la sesión plenaria de este miércoles, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión Inspectora, Olga Lucía Romero Garci Crespo, explicó que bajo el nuevo régimen de fiscalización superior y de responsabilidades administrativas y de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, la aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría.


Cuando esta observa un hecho que podría constituir una falta no grave integra un informe de presunta responsabilidad y da vista al Órgano Interno de Control del ente fiscalizado; si es una falta grave da vista al Tribunal de Justicia Administrativa y si observa un posible delito en materia de corrupción presenta la denuncia de hechos ante a la Fiscalía Anticorrupción o Fiscalía de Combate a la Corrupción.

Los 36 procedimientos se desecharon porque databan del año 2010 al 2015, por lo cual prescribieron las sanciones administrativas, que van desde una amonestación o inhabilitación por 12 años para ejercer cargos públicos.

En ese periodo estuvieron al frente de la Auditoría, Víctor Manuel Hernández Quintana, que renunció al cargo de auditor general en 2011 por una denuncia en su contra por presunto trasiego ilegal de documentos oficiales. El 29 de noviembre de 2012 llegó David Villanueva Lomelí, que también dejó su función en mayo de 2019, así que ellos heredaron los asuntos al auditor Francisco Romero Serrano.

Entre los exfuncionarios que libraron sanciones administrativas se encuentran Raúl Velázquez García que estuvo al frente del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla y/o Televisión, Radio y Tecnologías Digitales por presuntas irregularidades en la cuenta pública de 2010; el expresidente municipal de Ocotepec, José Luis González Téllez, por la cuenta pública de 2011.

El exdiputado local de Morena y exalcalde de Atzitzintla, Arturo de Rosas Cuevas, por anomalías detectadas en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo y del 2 de julio al 31 de diciembre de 2012; el expresidente municipal de Huitziltepec, Ángel Osorio Nicolás; la exalcaldesa de Ahuehuetitla, Flor Doralicia Calixto Ríos; Rodolfo Montaño Bueno de Cohetzala, y Filomeno Martínez Flores, de Atzala.

A continuación, se presenta la lista completa de exfuncionarios públicos, abordada en el punto ocho:



Por lentitud de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Congreso de Puebla aprobó eximir de responsabilidades administrativas a 36 exfuncionarios públicos, sin embargo, esto no evitará que el órgano de fiscalización presente las denuncias penales en contra de quien resulte responsable del presunto daño patrimonial.

Durante la sesión plenaria de este miércoles, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión Inspectora, Olga Lucía Romero Garci Crespo, explicó que bajo el nuevo régimen de fiscalización superior y de responsabilidades administrativas y de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, la aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría.


Cuando esta observa un hecho que podría constituir una falta no grave integra un informe de presunta responsabilidad y da vista al Órgano Interno de Control del ente fiscalizado; si es una falta grave da vista al Tribunal de Justicia Administrativa y si observa un posible delito en materia de corrupción presenta la denuncia de hechos ante a la Fiscalía Anticorrupción o Fiscalía de Combate a la Corrupción.

Los 36 procedimientos se desecharon porque databan del año 2010 al 2015, por lo cual prescribieron las sanciones administrativas, que van desde una amonestación o inhabilitación por 12 años para ejercer cargos públicos.

En ese periodo estuvieron al frente de la Auditoría, Víctor Manuel Hernández Quintana, que renunció al cargo de auditor general en 2011 por una denuncia en su contra por presunto trasiego ilegal de documentos oficiales. El 29 de noviembre de 2012 llegó David Villanueva Lomelí, que también dejó su función en mayo de 2019, así que ellos heredaron los asuntos al auditor Francisco Romero Serrano.

Entre los exfuncionarios que libraron sanciones administrativas se encuentran Raúl Velázquez García que estuvo al frente del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla y/o Televisión, Radio y Tecnologías Digitales por presuntas irregularidades en la cuenta pública de 2010; el expresidente municipal de Ocotepec, José Luis González Téllez, por la cuenta pública de 2011.

El exdiputado local de Morena y exalcalde de Atzitzintla, Arturo de Rosas Cuevas, por anomalías detectadas en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo y del 2 de julio al 31 de diciembre de 2012; el expresidente municipal de Huitziltepec, Ángel Osorio Nicolás; la exalcaldesa de Ahuehuetitla, Flor Doralicia Calixto Ríos; Rodolfo Montaño Bueno de Cohetzala, y Filomeno Martínez Flores, de Atzala.

A continuación, se presenta la lista completa de exfuncionarios públicos, abordada en el punto ocho:



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