Solo el 10 por ciento de los abogados poblanos está preparadopara aplicar los lineamientos del Sistema de Justicia PenalAcusatorio y combatir así la delincuencia, advirtió JoséGuadalupe Sánchez Jiménez, integrante del Observatorio LaboralCiudadano.
La falta de capacitación de los litigantes permite, expresó eltambién miembro de Barra de Juristas Progresistas de Puebla, quemuchos malhechores escapen con facilidad del peso de lajusticia.
“Este sistema que se empezó a implementar en Puebla –nofunciona-, sobre todo porque no hay infraestructura; no se preparóa jueces, a Ministerios Públicos, a los propios litigantes”,explicó ayer en rueda de prensa. “De todos los litigantes aquíen Puebla como el 10 por ciento sabe del nuevo sistema. Las propiasautoridades no se han preparado, no son sensibles para impulsareste tipo de cambios”.
El Observatorio Laboral Ciudadano exigió un nuevo análisisde este sistema, que comenzó a aplicarse en Puebla el 18 de juniodel año pasado, ya que la presunción de inocencia de lossospechosos y la falta de denuncias parta castigar un delitopermitirían muchas veces la liberación de los culpables.
“El crimen que hay en la ciudad de Puebla es ya alarmante; porun lado, las propias autoridades han reconocido que 2 mil presuntosdelincuentes han sido liberados incluso en flagrancia, esto quieredecir que el nuevo sistema acusatorio adversarial debe serrevisado”, insistió.
Mayo fue, de acuerdo con cifras del propio Observatorio, el mesmás violento para Puebla desde que inició 2017. Solo en dichoperiodo se denunciaron 85 homicidios dolosos, más de la mitad,hasta 45, perpetrados con arma de fuego.
“La política social y la política de empleo también hansido un fracaso, y los jóvenes se ven en la necesidad dedelinquir. En ese sentido, hacemos un llamado para que hayapolíticas públicas para los jóvenes, para que se les déeducación, cultura y acceso a la seguridad social”,exhortó.
La ciudad de Puebla, Izúcar de Matamoros, San MartínTexmelucan, Quecholac, Tehuacán y Tecamachalco son los municipiosmás peligrosos. “La participación de la ciudadanía esimportante, pero sí hacemos un reclamo decidido porque es elEstado, el gobierno, quien tiene la obligación de dar seguridadjurídica a todos los ciudadanos, y nos parece que el actualgobierno ha sido irresponsable en ese sentido porque ha aumentadola delincuencia”, señaló.