Propone Barbosa evitar contratación de personas que litiguen contra el gobierno

El gobernador Miguel Barbosa Huerta envío una iniciativa para evitar la contratación de personas que sean parte de algún juicio contra el gobierno de Puebla.

Berenice Martínez | El Sol de Puebla

  · domingo 17 de octubre de 2021

Foto: @MBarbosaMX

El gobernador Miguel Barbosa Huerta envió al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable, para evitar la contratación de personas que sean parte de algún juicio iniciado contra el gobierno de Puebla.

Lo anterior busca evitar que quien trabaja en la administración pública pueda cobrar doble, por su empleo y por el litigio que interpuso contra el gobierno.

La propuesta ingresó el pasado 13 de octubre, la cual ya se encuentra en análisis de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público para su resolución procedente.

El gobernador Barbosa plantea adicionar el tercer párrafo al artículo 9 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, para quedar de la siguiente manera:

“Artículo 9. Tratándose del Poder Ejecutivo, los servidores públicos encargados de la contratación de trabajadores al servicio del Estado no podrán suscribir contrato alguno con personas que sean parte en algún juicio, de cualquier naturaleza, en contra del Gobierno del Estado, sus Dependencias y Entidades Paraestatales”.

También propone adicionar el tercer párrafo a la fracción IV del artículo 46 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla.

En caso de que los diputados locales aprueben la iniciativa en la comisión y en el Pleno del Congreso, la ley establecerá que: “en ningún caso procederá la contratación de personal que sea parte en algún juicio, de cualquier naturaleza, en contra del Gobierno del Estado, sus Dependencias y Entidades Paraestatales”.

Las Secretarías de Planeación y Finanzas; de Administración y de la Función Pública, emitirán las disposiciones necesarias para el cumplimiento de este decreto que busca combatir el fraude a la ley y la afectación patrimonial.