Puebla figuró en el “Análisis y precisiones al Informe preliminar del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria en México”, puntualmente por el caso de las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”. La investigación determinó que elementos de la Policía Estatal Preventiva, irrumpieron con uso excesivo de la fuerza en la manifestación realizada el 1 de junio de 2021.
Fue este 26 de octubre que la CNDH publicó el informe y explicó que fue a raíz de una visita oficial que hizo la ONU, en donde determinó que, en el país, el uso de fuerzas militares y policiacas está estrechamente relacionada con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y los homicidios.
El informe ejemplificó esta violencia con varios casos que se distribuyeron en otros estados y para dar un caso de exceso de fuerza policial habló de Puebla. Incluso recordó que al gobierno del ex mandatario, Luis Miguel Barbosa Huerta, la CNDH le pidió una reparación integral del daño a favor de las estudiantes por la violación a sus derechos humanos.
En suma, en su recomendación solicitó una disculpa pública en la que tanto la administración, como el secretario de Seguridad Pública de Puebla (SSP), Daniel Iván Cruz Luna, reconocieran su responsabilidad en los hechos y que se comprometieran a no repetir este tipo de situaciones.
¿Qué fue lo que ocurrió?
El 1 de junio, las alumnas llegaron de manera sorpresiva y permanecieron por poco más de seis horas frente a Casa Aguayo. Estuvieron acompañadas por un presunto grupo de choque que amagaba con hacer destrozos en la zona y fueron desalojados con gases lacrimógenos por elementos de seguridad estatal.
Durante los hechos, los policías apartaron a las estudiantes del resto del contingente y detuvieron a los jóvenes para subirlos a sus unidades, mismas en las que también fueron resguardados objetos que traían consigo, entre ellos, bombas molotov, litros de gasolina y una figura que asemejaba un cuerpo.
En un comunicado oficial, emitido previo a los sucesos, el gobierno del estado expresó que brindaría atención a las normalistas y mantendría "diálogo honesto y transparente", no obstante, y por las primeras acciones a su llegada, destacó que este mismo canal había sido vulnerado, tras "optar por la confrontación".
Ante todos estos hechos, la CNDH emitió la recomendación 161/2022, la cual recordó este 26 de octubre en dicho informe. Su propuesta fue enviada a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por violaciones a los derechos humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica.
De acuerdo con este informe, en ese año se violó el derecho a la protesta social, así́ como a la seguridad jurídica, legalidad, libertad e integridad personal por detención y retención ilegal.
En suma, se determinó que hubo tratos crueles e inhumanos derivados del uso excesivo de la fuerza, en agravio de 54 personas normalistas, atribuibles a elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes irrumpieron, con uso excesivo de la fuerza.
No obstante, el organismo autónomo subrayó que esta información no se ajusta a la verdad, toda vez que, independientemente de las quejas que se recaban en las visitas y el seguimiento que realizan, la CNDH mantiene comunicación constante, a través de sus seis Visitadurías Generales, con las personas quejosas, y no solamente de aquellas privadas de la libertad, sino también de todas aquellas personas que han hecho de conocimiento de este organismo nacional violaciones a derechos humanos.
