Para reducir los altos niveles de impunidad en el estado es necesario invertir en materia de seguridad pública para la la correcta atención y prevención de los delitos, aseguró Gerardo Rodríguez, especialista de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) e investigador del estudio Estructura y Función de la Impunidad en México 2022.
Luego de que dicho informe revelara que este año la entidad poblana se posicionó en el cuarto lugar a nivel nacional con los niveles más altos de impunidad, en entrevista con El Sol de Puebla el especialista aseguró que disminuir estos índices no es una tarea imposible.
“Si el Congreso del Estado autoriza más recursos en materia de seguridad y para que aumente su capacidad de investigación a la Fiscalía General del Estado, Puebla rápidamente puede bajar sus niveles de impunidad”, destacó.
Remarcó que, si bien las cifras para el estado no fueron alentadoras, esto no debe ser un símbolo de preocupación, pues señaló que el estudio fue realizado para detectar las áreas de oportunidad en las estructuras de seguridad y corregirlas.
“Hay que fortalecer al personal dentro de la Fiscalía, Puebla tiene que aumentar el número de jueces y magistrados, sigue siendo bajo, y también el número de sus policías estatales para prevenir los delitos”, compartió.
Por otra parte, precisó que para que la entidad alcanzara estas cifras un factor importante fue la inclusión de una nueva variante, la cual fue Derechos Humanos, en la cual Puebla aún cuenta con rezagos en esta área, pues el informe destacó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) recibe más quejas de las que logra atender.
“En Puebla el problema es el sistema de derechos humanos, esto una alerta para el Congreso del Estado, sobre todo para que pueda apoyar más el trabajo de recursos para la Comisión”, explicó.
Finalmente, exhortó al Congreso del Estado a supervisar lo que sucede al interior de la CDH con el fin de fortalecer sus tareas, y aseguró que si bien, con ello mejoraría la estructura de este organismo, la impunidad no es un asunto que le competa únicamente al gobierno del estado, sino que la responsabilidad es compartida con quienes trabajan a favor de la seguridad y prevención de los delitos.
