Diversas agrupaciones civiles rechazaron el proceso de elección de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ya que consideraron que fue realizado contra los principios de legalidad y transparencia.

Además, condenaron que la persona mejor calificada por el Congreso del Estado durante las comparecencias, se encuentre en investigación por presuntos actos de violencia contra una periodista y aún así haya sido contemplado para continuar en la contienda para formar parte de la CDH.

“Existen pruebas contundentes de que Jesús Muñoz Castellanos no puede ni debe formar parte del Consejo Consultivo. Quienes somos defensoras de derechos humanos no podemos confiar en alguien que no respeta las normas de convivencia, responda violentamente y amenace, además de ser un potencial victimario por siniestro vial”.

Pues la agraviada publicó un video donde el actual aspirante al Consejo Consultivo la violentó después de enfrentarlo por conducir su vehículo en sentido contrario.

Igualmente, reprobaron el actuar de la diputada María del Carmen Cabrera Camacho por descalificar a su compañera legisladora haciendo uso de valores feministas por señalar las irregularidades del proceso, a la vez de otorgarle una buena calificación a un “agresor de mujeres”

Las organizaciones valoraron que el proceso de selección del Congreso del Estado se realizó de manera viciada, con múltiples inconsistencias en la objetividad y criterios utilizados para elegir al Consejo Consultivo; además de poner en riesgo el funcionamiento del organismo encargado de salvaguardar el ejercicio de los derechos de los poblanos.

Por esta razón, 19 organizaciones firmantes solicitaron reponer el proceso de selección en su totalidad desde la emisión de una nueva convocatoria en la que se garantice la difusión de la misma y en la que se incorporen la lengua de señas mexicana, el braille, así como las lenguas originarias del estado.

De la misma forma, exigieron hacer públicas las cédulas de votación firmadas por los diputados pertenecientes a la comisión en la última etapa de elección, y se aplique el principio de paridad al designar a tres consejeras en consideración a que la Comisión de Derechos Humanos del Estado es presidida por un hombre.

“Ante la crisis de derechos humanos por la que pasa nuestro país y estado, no se puede tener el lujo de debilitar los sistemas de protección, el trabajo del Congreso es justamente fortalecer a las instituciones del Estado para el futuro. Y en este tema nos están quedando a deber, en los hechos están actuando justo como sus antecesores. Pero la sociedad ya no es la misma”.

El documento es firmado por 19 organizaciones civiles en el estado y más de 50 personas.