La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que los centros penitenciarios en Puebla carecen de servicios adecuados para las mujeres, presentan condiciones difíciles de cumplir para las personas que van a hacer sus visitas o no cuentan con teléfonos fijos.

A través de la recomendación general 33/2018, dirigida a los gobernadores del país, a la Secretaría de Gobernación Federal y a la Comisión de Seguridad Nacional, se pide impulsar la adopción de una política pública nacional que reglamente y que genere protocolos respecto de las acciones de la vinculación de la prisión con el exterior o trato digno.

Resalta que en 56 centros, del estado y de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, para la autorización de la visita familiar o íntima los requisitos se consideraron excesivos o difíciles de cumplir.

En Puebla también persisten áreas donde las mujeres carecen de servicios e instalaciones adecuadas, lo que hace evidente una situación de desigualdad ya que no se cuenta con locutorios, patios, visita familiar e íntima, situación que ocurre en 65 establecimientos ubicados también en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Asimismo, asegura que en 23 centros, con base en el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, existen irregularidades relacionadas con la falta o insuficiencia de aparatos telefónicos fijos autorizados para la comunicación con el exterior o limitación en la frecuencia de las llamadas.

Esto ocurre en las penitenciarías de Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

“(Se debe) impulsar el diseño y ejecución de programas de atención postpenitenciaria, en los que se fortalezca la participación de los familiares y grupos sociales de apoyo como herramientas para facilitar una efectiva reinserción social, y, en su caso, como agentes de acompañamiento para erradicar la reincidencia”, puntualiza otra de las recomendaciones.