La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, afirmó que existe responsabilidad jurídica, administrativa y análisis financiero, detrás del inicio del proceso para revocar la concesión del servicio de agua potable en poder de Concesiones Integrales.
Negó que sea una cortina de humo como lo externó la empresa para ocultar deficiencias del ayuntamiento, puesto que forma parte de la exigencia social por los altos costos de las tarifas y la dotación intermitente del suministro.
Reconoció que se trata de un proceso complejo que llevará su tiempo para tener el resultado esperado, sin definir fechas tentativas.
Entrevista en gira de trabajo en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, reiteró nuevamente su postura de no contemplar pago alguno a la empresa como finiquito o penalización, pues el ayuntamiento está argumentando legalmente para no hacerlo y, por el contrario, la autoridad municipal cobre por incumplimiento de contrato.
“Estamos dando cumplimento y pidiendo se recuperen las facultades que tiene el municipio, he mencionado en todo momento que buscar la remunicipalización del agua ha llevado varias etapas, lo estamos haciendo con responsabilidad jurídica, administrativa, considerando los aspectos financieros”.
Refirió que el inicio de revocación está debidamente planeado con meses de anticipación, sin que sea una ocurrencia producto de un compromiso de campaña.
Claudia Rivera Vivanco desestimó el contenido del comunicado emitido por Agua de Puebla para Todos. Afirmó que existe planeación porque la remunicipalización sea una realidad, aunque reconoció se requiere del apoyo del congreso, así como de los gobiernos estatal y federal.
“Por eso nos hemos llevado todos estos meses en revisar, en buscar los acompañamientos técnicos, son unos pasos para investigar y auditar, todavía falta que se demuestre todo el ejercicio que se está realizando”.
La presidenta municipal añadió que está plenamente justificado dar marcha atrás a la concesión de 30 años, porque finalmente existen irregularidades desde la entrega del contrato a la empresa hasta el servicio proporcionado a la ciudadanía.
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