Infraestructura ministerial y judicial insuficiente, policías rezagados en capacitación, un Estado alejado de las víctimas de delitos como desaparición de personas y violencia de género, el superlativo crecimiento de la informalidad laboral, la amenaza que supone el huachicol para la gobernabilidad en algunos municipios, además de la importancia que juega Puebla en el escenario político nacional rumbo a 2024, son solo algunos de los culminantes desafíos que Sergio Salomón Céspedes Peregrina debe afrontar durante el resto de su mandato.
El morenista arribó a Casa Aguayo durante la última tercera parte del sexenio constitucional. Los casi 700 días que le restan en la silla del Ejecutivo local serán decisivos para atender los rezagos que heredó de sus antecesores, pues, de lo contrario, Puebla acumulará atrasos difíciles de reparar para la próxima década, coincidieron académicos y líderes sociales.
Con la finalidad de esclarecer el panorama que pesa sobre la agenda estatal, cuya atención hoy es responsabilidad de Céspedes Peregrina, El Sol de Puebla realizó un análisis con múltiples especialistas y actores comunitarios que han ponderado durante varios años las condiciones, aciertos y retrocesos de la entidad en materia económica, laboral, política, así como de acceso a la justicia, y transparencia y gobierno abierto.
Mayor inversión en justicia
En 2021 Puebla fue evidenciada como la entidad con la fiscalía peor evaluada en todo el país. De acuerdo con el informe elaborado por la organización Impunidad Cero, la eficiencia de la autoridad ministerial poblana durante ese año fue de apenas 15 por ciento, es decir, el 85 por ciento de las carpetas de investigación quedaron inconclusas en ese periodo.
Desde la óptica de Rubén Curiel Tejada, quien ostenta doctorados en Derecho e Investigación Jurídica por la Universidad Iberoamericana Puebla, así como un doctorado en Seguridad Pública, Investigación y Procesamiento Penal por el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo en Ciencias Policiales (IMIDECIP), esta condición es síntoma de la incapacidad que tiene la Fiscalía General del Estado (FGE) para atender la demanda delictiva en todo el territorio.
El gobierno estatal, como ente administrador del recurso público, es corresponsable de la eficacia de las instituciones públicas. Actualmente, la FGE no tiene la capacidad de infraestructura para ocuparse de la actividad criminal en el estado, principalmente debido a que las agencias especializadas están centralizadas en la capital poblana. Esto se contrapone como un limitante de acceso a la justicia.
Aunado a ello, el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por la organización World Justice Project (WJP), detectó que Puebla fue la quinta entidad peor ponderada a nivel nacional en cuanto a la preservación de la legalidad. Los peores rezagos fueron en justicia penal, justicia civil, cuidado de derechos fundamentales, ausencia de corrupción, orden y seguridad, así como gobierno abierto.
En ese sentido, la escasez de juzgados al interior de la entidad, el poco conocimiento de la ciudadanía sobre sus derechos y la falta de asequibilidad en los procesos burocráticos en materia jurídica, convierten a este derecho humano en uno de los más distantes para miles de poblanos.
Pese a que la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial son instituciones autónomas, Curiel Tejada, quien cuenta con más de 35 años de experiencia en litigios constitucionales, engloba el origen de estas deficiencias en el –todavía– insuficiente presupuesto que le correspondió a ambas en la Ley de Egresos para 2023.
En el caso de la FGE, por ejemplo, su gasto aprobado para el presente año fue de mil 470 millones 063 mil 705 pesos, es decir, 24 millones de pesos más que un año atrás. No obstante, este exiguo aumento hace casi inmaterializable que la dependencia pueda hacer acopio de recursos para construir más espacios de atención fuera de la capital del estado.
“Hace mucha falta, por parte del gobierno del estado, invertir en la impartición de justicia (...) Hay una desigualdad con respecto a la cantidad de juzgados que hay en la zona metropolitana con respecto a otros municipios, y eso es una depreciación de justicia. Además, todas las agencias especializadas [de la FGE] están prácticamente en Puebla capital”, consigna el académico.
De las más de 100 oficinas y sedes con las que dispone la Fiscalía a nivel estatal, cerca del 68 por ciento se concentra en la zona metropolitana de Puebla capital.
Empero, denuncias por delitos como desaparición, corrupción, delitos electorales, secuestro, extorsión y demás violaciones a los derechos humanos sólo pueden seguirse en agencias de Puebla capital o en escasas sedes regionales.
“Si no hay un aumento de ministerios públicos, de jueces capacitados; el tema que siempre hemos platicado, las capacitaciones policiales deficientes, pues vamos a seguir teniendo un nulo acceso a la justicia. Además, Puebla es uno de los estados que tienen los índices más altos de impunidad en la República, precisamente porque no se ha apostado en invertir tanto en temas de seguridad, procuración e impartición de justicia”, resalta Curiel Tejada.
En el reporte de Impunidad Cero también se exhibió que, en 2021, la FGE fue la institución ministerial con la menor asignación de recursos per cápita en todo el país.
Reforzar policías, asunto urgente
Otro de los asuntos que preocupan al doctor Curiel Tejada es la deficiente preparación y certificación de las corporaciones policiales en Puebla, tanto municipales como estatales.
De acuerdo con la última evaluación hecha por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de los 14 mil 391 gendarmes estatales y municipales que hay en Puebla, mil 584 de ellos laboran sin su CUP, es decir, el 11 por ciento.
Así, el académico lamenta que la propuesta para sancionar a los ediles que contraten gendarmes sin su Certificado Único Policial (CUP), o contra los propios agentes acepten el cargo a expensas de no contar con ese documento, iniciativa que fue propuesta por Barbosa Huerta a finales de 2022, siga en la congeladora legislativa.
Además, critica que no haya una ley que incentive a las fuerzas del orden a recibir capacitación permanente. Aunque, desde la reforma penal constitucional de 2008, todas las corporaciones policiacas en México deben cumplir con la emisión del CUP, varias de ellas cuentan con gendarmes no acreditados.
Por ello, Curiel Tejada considera fundamental que el gobernador Céspedes Peregrina incentive una política pública para acompañar a los ayuntamientos a cumplir con esta responsabilidad.
Desde su visión, el mandatario tiene la oportunidad de atender la problemática sin tener que enarbolar una narrativa de castigo, pues, si se quiere pacificar al estado, es crucial socializar la necesidad de reforzar a las policías, especialmente porque ello contribuye a que la población aumente su percepción de confianza en estas instituciones y crezca la prevención del delito.
En esa misma política pública, el Ejecutivo local debe fortificar los requisitos para que una persona pueda comandar una policía. En ocasiones, los propios alcaldes son los que contratan gendarmes sin capacitación o experiencia y los colocan al frente de sus policías.
“Es importante reconformar la forma en que llegan los directores de policía a las secretarías de seguridad en los municipios, porque tenemos una problemática histórica de que los propios presidentes municipales nombran como directores de policía a gente que no está capacitada, que no tiene experiencia, y eso también trae como consecuencia que la actividad policial no sea la correcta”, enuncia.
Seriedad sobre violencia de género en la entidad
Actualmente son 50 los municipios que cuentan con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Puebla. Aunado a ello, según datos de la FGE, durante la actual administración estatal, que empezó en julio de 2019, han sido asesinadas 132 mujeres por razones de género, es decir, su muerte fue feminicidio.
Aunque, en primera instancia, atender la AVGM es responsabilidad de los ayuntamientos, el gobierno estatal se encarga de brindar los recursos y contribuir con su fuerza institucional, señala María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. (IDHIE), de la Ibero Puebla.
La especialista defiende que el estado necesita diseñar y evaluar políticas interinstitucionales para atender este tipo de violencias. Es decir, el miramiento de la AVGM no corresponde únicamente a las secretarías de Igualdad Sustantiva (SIS) o Gobernación (Segob), por ejemplo, sino que la propia declaratoria debería modificar acciones en todas las dependencias gubernamentales.
En entrevista, la investigadora relata que los Estados mexicano y poblano ostentan “una gran deuda” con las víctimas y familiares de personas desaparecidas, así como de quienes son objeto de violencia sexual, etcétera.
Aunque algunas personas califican que la llegada de Céspedes Peregrina ocurrió en una “etapa de cierre”, en términos gubernamentales, Arrambide González enfatiza que el mandatario está obligado a realizar diversas acciones que atiendan a quienes son afligidos por estos delitos.
Otro de los pasos más urgentes es examinar lo que ocurre en organismos como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CBP) y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), las cuales han sido señaladas por las propias familias de las víctimas por presuntos actos irregulares. Aunado a ello, la CEAV sigue acéfala hasta estos momentos.
“Hay una serie de irregularidades en las acciones de búsqueda por parte de la CBP, hay un descontento por parte de las familias hacia esta Comisión. Se requieren mayores acciones de búsqueda, pero sobre todo hacerlo de la mano de las familias, o sea, estos procesos no pueden hacerse sin considerar a las familias y garantizarles un trato digno”, precisa la investigadora.
Según la FGE, durante enero pasado se reportaron 142 personas desaparecidas, es decir, 4.5 cada día. No obstante, cabe recordar que el año 2022 cerró con mil 525 extravíos, 16 por ciento más que un año atrás. De forma general, esta administración acumula más de 5 mil personas desaparecidas.
Banco de datos forenses
La doctora en Derechos Humanos expone, además, que la oficina del Ejecutivo local debe resarcir un adeudo que a nivel nacional el Estado tiene hacia las víctimas de desaparición de personas y de la creación de un Banco Estatal de Datos Forenses.
Sostiene que el gobernador está capacitado para decretar la creación de esta herramienta, la cual permitirá contar con datos específicos para conocer la identidad de personas fallecidas y compararlos con la base de datos de personas extraviadas.
Aunque desde 2018 se promulgó la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, ni el Congreso poblano, ni los mandatarios que han estado al frente del estado desde ese momento han sido capaces de promover acciones para prevenir que familias alarguen el proceso de búsqueda de sus seres queridos en contextos de incertidumbre.
Del mismo modo, Arrambide González identifica que Céspedes Peregrina debe romper con el “penoso” contexto de represión y criminalización de la protesta que ocurrió desde el poder estatal, todavía durante la administración de Barbosa Huerta.
No sólo la respuesta que el mandatario demuestre ante las manifestaciones será decisiva para que ese contexto cambie, sino también la forma en cómo el propio Estado poblano observe cualquier vulneración a los derechos humanos, pues, desde la perspectiva de la académica, previamente el gobierno del estado se colocó a sí mismo en una posición innecesariamente en contra de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo anterior, particularmente en el caso de las normalistas de Teteles de Ávila Castillo.
Acciones opacas
El actual sexenio no ha consolidado estrategias efectivas de transparencia y gobierno abierto todavía, sin embargo, con la llegada de Céspedes Peregrina esta situación puede modificarse, refiere el coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, Roberto Alonso Muñoz.
Con la disolución de la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto, ordenada por Barbosa Huerta, se constituyeron varios retrocesos en materia de acceso a la información, no por la destrucción de esa dependencia, sino por la desatención que el estado le dio a esa responsabilidad desde entonces, sentencia Alonso Muñoz.
“No se han erradicado los vicios que obstaculizan el acceso a la información pública, eso sí, y un gobierno que desaprovechó una oportunidad para impulsar políticas de gobierno abierto a la altura de los tiempos”, agrega.
Esta condición de opacidad es visible en aspectos como la ausencia de información actualizada en los portales de Datos Abiertos o en el de Transparencia Covid-19, que fue creado en 2020 con el objetivo de informar a la opinión pública los gastos y donaciones a cargo del estado debido a la contingencia sanitaria.
Desde la perspectiva del investigador, cuando dicha coordinación desapareció no se observó ninguna campaña para capacitar a los sujetos públicos del estado para cumplir con sus obligaciones de transparencia”, relata.
Con base en la investigación hecha por el Observatorio, se constató que varias dependencias y organismos estatales realizan varias acciones para obstruir el acceso a la información de la ciudadanía, principalmente a través de la argumentación de obligaciones inexistentes u otros obstáculos.
Aunque mantiene sus reservas sobre si el mandatario cambiará o no las condiciones actuales, Alonso Muñoz señala que las acciones que desempeñe Céspedes Peregrina en la materia, no sólo respecto a la reactivación y actualización de datos abiertos, sino también a la inclusión de la sociedad en gestiones gubernamentales, demostrará su verdadero interés por reforzar la transparencia del estado.
Del mismo modo, el coordinador de dicho observatorio subraya que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) “no está funcionando”, principalmente debido a los bajos recursos públicos que recibe desde el gobierno estatal. Ante esta situación, el órgano de mayor relevancia, el Consejo Estatal de Participación Ciudadana (CEPC), se queda “maniatado” y ello impide que existan resultados notables en esa materia.
Informalidad laboral y exigua recaudación fiscal
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cuantificó que la informalidad laboral creció nueve por ciento en dos años. Hasta el tercer trimestre del año pasado había 2 millones 913 mil 944 poblanos en el mercado laboral informal, esto en contraste con las 869 mil 545 personas que trabajaban en la formalidad.
De acuerdo con el doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts-Amherst e investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Juan Alberto Vázquez Muñoz, esta condición tiene su origen en varios rezagos sociales, sin embargo, el escaso desarrollo económico de un territorio se concibe como el principal.
Por ese motivo, señala que el gobierno estatal tiene todavía un largo camino para favorecer las condiciones económicas, principalmente a través de la atracción de inversiones. A propósito, reconoce que, aunado a la industria automotriz, las empresas del sector primario requieren ser fortalecidas y atendidas también por las autoridades.
La responsabilidad del Estado poblano es propiciar condiciones de regulación y de aprovechamiento para las empresas nacionales y extranjeras.
“Tenemos una situación en la cual tenemos varias empresas que no son productivas (mercado informal), versus empresas que sí pagan impuestos que sí son productivas’, reconoce el profesor.
Así, al pluralizar la incentivación industrial, la economía poblana puede transitar hacia contextos “blindados” ante situaciones como la vivida durante la pandemia de Covid-19, cuando la producción de vehículos se vio altamente afectada por la escasez de componentes.
Por ejemplo, la apuesta total tampoco puede ser para una actividad como el turismo, pues, al tratarse de una cuestión que depende enteramente del desempeño económico de otros estados o países, por lo que, si esos territorios afrontan condiciones desfavorables, lo mismo ocurrirá en Puebla.
Por su parte, el economista por la BUAP y doctor en Administración de Organizaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Miguel Ángel Corona Jiménez, abunda en que la informalidad laboral agudiza las desigualdades de los trabajadores poblanos, pero también vulnera la recaudación estatal.
Aunado a ello, remarca que la inversión pública debe aumentarse en sectores como la educación, salud y el campo. Sin embargo, para tener los recursos suficientes para realizar este tipo de proyectos es necesario que exista una reforma fiscal, a nivel federal y local.
“Que el gobierno federal mejore la recaudación, a fin de que se puedan otorgar más recursos a los estados, entre ellos Puebla, y que pudiera haber una descentralización, que pudiéramos, en todo caso, tener una mayor recaudación directa por parte del Estado sin que sea una recaudación”, comenta, por su parte, el doctor Vázquez Muñoz.
Cautela política
En la antesala a los comicios nacionales y estatales de 2024, el gobernador Céspedes Peregrina jugará un papel importante, principalmente en el acomodo de las piezas del escenario nacional.
De acuerdo con Miguel Calderón Chelius, doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de México y catedrático en la Ibero Puebla, el mandatario tiene mayor influencia en el juego político nacional que en el estatal.
El también sociólogo por la UNAM sostiene que la ubicación geográfica y la diversidad política de Puebla coloca a la entidad en una posición de importancia y ventaja en la definición de candidaturas presidenciales.
No obstante, su tarea en Puebla es dedicarse a la tarea gubernamental. Es más valioso para Morena que Céspedes Peregrina realice acciones ejemplares de gobierno, pues incluso desde antes de la muerte de Barbosa Huerta, la oposición encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN) tiene una puerta nada angosta para sucederlo en la titularidad del Ejecutivo local, señala el especialista.
Por ese motivo, refiere que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decidió darle un espaldarazo al gobernador sustituto, pues el propio mandatario federal reconoce que la posibilidad de perder a Puebla está latente.
“Yo creo que el actual gobernador haría un gran favor al estado si se aboca a mantener estabilidad, a buscar que el aparato político del Estado funcione y no caiga en procesos de descomposición importantes”, remarca la académica.
En ese sentido, Francisco Javier Jiménez Ruiz, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid e investigador de la UNAM, comparte que el titular del Ejecutivo poblano debe descartar su participación en el “juego político de 2024” y necesita abocarse a construir alianzas y unión.
Además, precisa que la exigencia de gobernabilidad en algunas zonas del estado es bastante alta, principalmente en aquellas donde actividades criminales como el robo de hidrocarburos se presentan todos los días.
En zonas de los municipios comprendidos por el llamado Triángulo Rojo, por ejemplo, se encuentran controladas por grupos dedicados al huachicol, lo cual atenta contra la fuerza y presencia del Estado poblano, así como en la aplicación de la ley.
Según lo informado por El Sol de Puebla en noviembre de 2022, en la entidad hay 15 grupos criminales dedicados a la extracción ilegal de combustibles.
“La presencia del Estado Mexicano y de las autoridades del gobierno del estado y municipales se ve amenazada porque no logran ejercer una hegemonía como debería ser, por ser instituciones del Estado tienen competencia frente a poderes fácticos y grupos de la delincuencia organizada y de carteles. Esto debilita las instituciones de gobierno y presentan un problema gravísimo de seguridad pública”, indica el doctor Jiménez Ruiz.
Finalmente, y en otro orden de ideas, Jiménez Ruiz defendió que Puebla debe integrarse al pacto IMSS-Bienestar, no solamente por beneficio a nivel nacional en cuanto a ahorro, sino también en lo local, pues sería la Federación la encargada de suministrar el presupuesto para el mantenimiento y adquisición de equipo, entre otras cosas.
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