El consejero jurídico del Ejecutivo del Estado, Armando LópezAguirre, aseguró que sigue firme la inhabilitación de la funciónpública por 12 años contra el exedil Eduardo Rivera Pérez por nosolventar irregularidades de su cuenta pública 2013.
Aclaró que el veredicto emitido la semana anterior por el PoderJudicial de la Federación (PJF) a favor del ex edil, no es unaconcesión de amparo sino únicamente retirar su nombre delRegistro Nacional de Servidores Públicos Sancionados.
“Lo que se le concedió es que el Ejecutivo del Estadoretirara el registro de la inhabilitación, pero es claro que elPoder Judicial de la Federación deja firme la inhabilitación deEduardo Rivera Pérez, sigue firme al día de hoy”.
Al hablar con la prensa posterior a la ceremonia decertificación de los laboratorios forenses de la Fiscalía Generaldel Estado (FGE), dio a conocer que hubo confusión en torno altema, sin cambios sustanciales y desde su punto de vista “va paralargo”.
El PJF dictaminó el pasado 30 de junio el nombre del expresidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, no apareciera en elRegistro Nacional de Servidores Públicos Sancionados por lainhabilitación del Congreso local en abril pasado por un periodode 12 años para ocupar un cargo público dado que no pudosolventar irregularidades por 411 millones de pesos en su cuentapública 2013.
Sin embargo, el consejero jurídico del Ejecutivo del Estadoaclaró que eso no quiere decir que ha ganado un amparo contra eldictamen realizado por el Poder Legislativo, el cual sigue vigentesiguiendo su curso legal.
“La inhabilitación al día de hoy está firme, estásurtiendo efectos y esa será resuelta en el fondo del asunto quetodavía va para largo en el juicio de amparo”.
Aunque Rivera Pérez esté realizando recorridos en diversaspartes de la entidad dando a conocer que después de conocer lasinquietudes de la población, determinará el cargo por el cualparticipar en los comicios del 2018, López Aguirre dijo que nopodrá participar en ninguna elección mientras siga vigente lasanción del Congreso local.
Precisó que el gobierno estatal es respetuoso de lasdecisiones, pero sí tiene la necesidad de realizar la precisiónen torno al caso Eduardo Rivera Pérez.