La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la implementación de medidas cautelares a las autoridades del gobierno de Puebla y al comandante de la Guardia Nacional (GN) para la protección de 11 pobladores en Coyomeapan.
En un comunicado, la CNDH explicó que a través de una queja emitida por el colectivo nacional “Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”, se solicitó la intervención de este Organismo Autónomo para garantizar los derechos de los ciudadanos en dicho municipio, debido a que han recibido amenazas de ataques violentos por parte de personas armadas.
Ello, luego de que el 14 de diciembre, los habitantes de dicha demarcación detuvieron a cuatro personas armadas que ingresaron a la comunidad con la supuesta intención de asesinar a 11 defensores indígenas. Sin embargo, tres de los cuatros lograron escapar, quedando una persona bajo custodio de los pobladores, por lo que han recibido amenazas a través del teléfono celular de la persona detenida.
“Estos hechos de violencia ocurren en un contexto de conflicto político emanado de las pasadas elecciones del 6 de junio, así como de la detención de un grupo de defensores indígenas de ese municipio”, remarcó.
Ante este panorama, la Comisión solicitó medidas cautelares a diferentes autoridades en la entidad a fin de evitar acciones que pudieran afectar la integridad personal, patrimonio y seguridad individual y colectiva de los habitantes de Coyomeapan.
“En coordinación con las instituciones y dependencias de los tres niveles de gobierno, instalen de manera permanente módulos de vigilancia en las inmediaciones y al interior del municipio, y coordinen de manera inmediata mesas de diálogo y concertación que permitan los consensos necesarios para garantizar paz y estabilidad social en el municipio”, puntualizó.
Además, solicitó al fiscal general realizar las investigaciones de los hechos suscitados el 14 de diciembre para determinar la responsabilidad de las personas involucradas, así como aplicar mecanismos y protocolos para la protección de las 11 personas que defienden los derechos humanos que “de ser producente, se les deberá otorgar la calidad de víctimas, para efectos de la reparación integral del daño y garantía de no repetición”.
Por último, la CNDH precisó que las medidas deberán aplicarse en un plazo de 30 días, y podrán prorrogarse en caso de ser necesario.
