De las 2 mil 86 observaciones que se encontraron en el proceso de entrega- recepción del gobierno de Claudia Rivera Vivanco para la administración de Eduardo Rivera Pérez, solamente se solventaron por parte de la comisión saliente 249, lo que representa el 11.9 por ciento, por lo que remitirán el expediente a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que determine las sanciones correspondientes contra los extitulares morenistas.
También se dará vista a la Contraloría Municipal para que en el uso de sus facultades proceda como legalmente corresponda, así como lleve a cabo las investigaciones necesarias.
Durante sesión extraordinaria de Cabildo, se presentó el punto de acuerdo en el que se evidenció que no se solventó la mayor parte de información que se mencionó en el expediente que se entregó a los panistas el pasado 15 de octubre a las 20:30 horas.
Por ello es que la Comisión de entrega-recepción del gobierno de Eduardo Rivera Pérez determinó enviar a la Auditoria Superior del Estado (ASE), los documentos para la revisión de las observaciones que se realizaron a los ex titulares de las dependencias de la gestión de Claudia Rivera Vivanco.
Lo anterior fue aprobado con 19 votos a favor, cinco en contra y una abstención, estas últimas participaciones fueron por parte de los regidores de la bancada de Morena, quienes argumentaron que el documento se debía analizar por los regidores también, a lo cual la síndico municipal Guadalupe Arrubarrena García, puntualizó que no es competencia de los cabildantes.
De acuerdo con la secretaria General, Silvia Tanús Osorio, en el acto formal de entrega -recepción, se hizo constar la entrega de 27 carpetas, integradas por 12 anexos, los que una vez que fueron revisados por la comisión de Eduardo Rivera Pérez, decidieron publicar las observaciones el pasado 24 de noviembre y notificaron a la comisión saliente el 29 del mismo mes.
Por tanto, subsisten mil 837 observaciones, lo que significa el 88.1 por ciento de irregularidades que no se han solventado como incumplimiento de la entrega-recepción.
De los documentos, la comisión saliente exhibió tener documentos e información del Ayuntamiento sin justificar su tenencia, no obstante que actualmente son ex servidores públicos, lo que podría también ser materia de responsabilidad administrativa y / o penal de acuerdo al Código Penal del Estado de Puebla.
Además la administración saliente no entregó la documentación e información relativa a la cuenta pública de su último periodo de gestión, es decir del 1 de enero al 14 de octubre de 2021, por lo que la gestión pública entrante deberá remitir a la Auditoría Superior del Estado de Puebla para efectos de la fiscalización posterior en el siguiente año 2022.
Del 15 de octubre de 2018 al 14 de octubre de 2021 la administración municipal ejerció miles de millones de recursos públicos sin que en el acta de entrega-recepción se llevará acabo le entrega de la documentación e información que sustente la aplicación de estos por parte de quienes tenían en su cargo su erogación.
Presupuesto total ejercicio fiscal 2019: 5, 048, 132, 400.00
Presupuesto total ejercicio fiscal 2020: 5, 290, 008, 877.00
Presupuesto total ejercicio fiscal 2021: 4, 132, 283, 594.00
El documento que leyó Tanús Osorio señaló que no se entregó para efectos de su revisión y análisis a la comisión entrante la documentación comprobatoria y justificativa de dicho gasto, por lo que toda aplicación de los recursos públicos en cita podrá ser objeto de fiscalización e investigación posterior por parte de las autoridades competentes ante la opacidad que ahora se revela.
Mientras que en cuanto a los contratos de obra pública no existen documentos de comprobación y justificación del gasto respecto de la obra pública ejecutada por un monto de 2,112,725,934.41.
Pues refirió que en el tema de obra pública en el 2019 se realizaron 225 contratos por un monto de 733 millones, 2020 fueron 182 contratos con una inversión de 785 millones y en el 2021 se realizaron 181 contratos con una inversión de 863 millones de pesos dando un total de más de 2 mil 112 millones de pesos, pero no se tienen documentos que comprueben las licitaciones, así como el presupuesto.
Por su parte, la regidora Molina Vivanco, que se trata de una aprobación ilegal, pues se desconoce cómo se realizó un análisis, lo que da como conclusión una práctica política para satisfacer intereses propios.
No obstante, pese a los argumentos de los morenistas fue avalado el punto de acuerdo que será turnado a la ASE y la contraloría.
A decir del presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, el cumplimiento de la ley nunca será amenaza y quienes incurrieron en irregularidades deben hacerse responsables de sus actos, por ello el actuar de esta administración.
“El cumplimiento de la ley nunca será amenaza poblanas y poblanos, es muy fácil tener pretextos y argumentos políticos o descalificaciones como las que ustedes han escuchado, en lugar de hacerse responsables de sus actos que la ley y la ciudadanía juzgue”, finalizó.
