/ miércoles 29 de noviembre de 2017

Suministro de gas LP en la calle pone en riesgo a empleados y transeúntes: STPS

HUEJOTZINGO, PUE. El suministro de gas LP a las unidades detransporte público en la calle vulnera las normas de seguridad ehigiene y pone en riesgo tanto a los trabajadores de las gaserascomo a los transeúntes, advirtió la delegada de la Secretaríadel Trabajo y Previsión Social (STPS), Vanessa Barahona de laRosa.

La distribución del hidrocarburo en vía pública de la ciudadde Puebla quebranta, recordó la funcionaria, el reglamento para eltransporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.“Nosotros no normamos ni llevamos en nuestras espaldas estereglamento y normatividad; sin embargo, en el tema de capacitaciónpara los conductores que tienen manejo de esta distribución ycomercialización deberá revisarse tal vez porque pone en peligrola vida de los trabajadores y de los transeúntes”, explicóBarahona de la Rosa ayer en entrevista con El Sol de Puebla.

A partir de enero, la STPS iniciará en Puebla un operativo derevisión en los centros de trabajo de las gaseras –donde sítiene jurisdicción- para determinar si existen irregularidades ensu plantilla y actividad laboral y “para revisar las condicionesgenerales de trabajo, capacitación y adiestramiento y condicionesde salud y seguridad en el trabajo, pero principalmente encapacitación y adiestramiento porque sentimos y hemos visto queles falta mucha orientación y mucha capacitación en el manejo deresiduos peligrosos”, aclaró.

Las anomalías detectadas en este sector no se limitan a ladistribución de gas en vía pública, como denunció El Sol dePuebla en su edición de ayer, sino que alcanzan la instalación deestaciones en el ámbito informal, es decir, piratas. “Hay ungran número de gaseras que incluso nos han dicho fuera detérminos oficiales que funcionan fuera de la ley”, expresó.

No es la primera vez que la STPS investiga a las gaseras.Después de la muerte de ocho trabajadores por una explosiónocurrida en 2013, la dependencia federal multó con 550 mil pesos aTomza, una de las empresas que incurre en el suministro ilícito,al negarse a ser inspeccionada, es decir, por haber incurrido enuna negativa patronal.

HUEJOTZINGO, PUE. El suministro de gas LP a las unidades detransporte público en la calle vulnera las normas de seguridad ehigiene y pone en riesgo tanto a los trabajadores de las gaserascomo a los transeúntes, advirtió la delegada de la Secretaríadel Trabajo y Previsión Social (STPS), Vanessa Barahona de laRosa.

La distribución del hidrocarburo en vía pública de la ciudadde Puebla quebranta, recordó la funcionaria, el reglamento para eltransporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.“Nosotros no normamos ni llevamos en nuestras espaldas estereglamento y normatividad; sin embargo, en el tema de capacitaciónpara los conductores que tienen manejo de esta distribución ycomercialización deberá revisarse tal vez porque pone en peligrola vida de los trabajadores y de los transeúntes”, explicóBarahona de la Rosa ayer en entrevista con El Sol de Puebla.

A partir de enero, la STPS iniciará en Puebla un operativo derevisión en los centros de trabajo de las gaseras –donde sítiene jurisdicción- para determinar si existen irregularidades ensu plantilla y actividad laboral y “para revisar las condicionesgenerales de trabajo, capacitación y adiestramiento y condicionesde salud y seguridad en el trabajo, pero principalmente encapacitación y adiestramiento porque sentimos y hemos visto queles falta mucha orientación y mucha capacitación en el manejo deresiduos peligrosos”, aclaró.

Las anomalías detectadas en este sector no se limitan a ladistribución de gas en vía pública, como denunció El Sol dePuebla en su edición de ayer, sino que alcanzan la instalación deestaciones en el ámbito informal, es decir, piratas. “Hay ungran número de gaseras que incluso nos han dicho fuera detérminos oficiales que funcionan fuera de la ley”, expresó.

No es la primera vez que la STPS investiga a las gaseras.Después de la muerte de ocho trabajadores por una explosiónocurrida en 2013, la dependencia federal multó con 550 mil pesos aTomza, una de las empresas que incurre en el suministro ilícito,al negarse a ser inspeccionada, es decir, por haber incurrido enuna negativa patronal.

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