El pasado 25 de septiembre la titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Catalina Pérez Osorio, mencionó que han atendido casos de mujeres a las que les han arrebatado a sus hijos durante la contingencia sanitaria, inclusive, de manera violenta.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los considerados como “Otros Delitos Contra la Familia”, en los que se cuenta la sustracción ilegal de menores, aumentaron 25.9 por ciento.
Pues de enero a agosto de este año, se registraron 540 carpetas de investigación (CDI) en la entidad, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 194; y aun, a los 12 meses de 2019 le faltarían 11 CDI para alcanzar los primeros 8 meses de 2020.
La secretaria de Igualdad Sustantiva, mencionó que el convenio que especifica quién será el tutor legal del menor de edad se estipula cuando se hace un trámite legal resultado del divorcio, sin embrago, los trámites del registro civil también se detuvieron en consecuencia a la pandemia del Covid-19.
Así que, a la par del incremento en los casos de violencia familiar que la Fiscalía General del Estado (FGE) llegó a contar 6 mil 254 carpetas de investigación de enero a agosto de este año; la sustracción de menores se sumó al alza de delitos contra la familia y la mujer.
Catalina Pérez Osorio comentó que, en los últimos 15 días la dependencia que preside ha registrado cinco casos de sustracción ilegal de menores en la capital y aunque no les corresponden los casos en esta materia, han ofrecido asesoría a las mujeres debido a que “otras instancias” no resuelven sus problemas.
La dependencia encargada de resolver dichos casos es la Fiscalía General del Estado, pues el Código Penal establece que es ilegal que alguno de los padres se quede con el menor, si no existe un juicio que determine a quién le corresponde la custodia.
Cabe destacar que la organización, Equis Justicia dio una calificación reprobatoria a Puebla tras el análisis de las órdenes de protección y medidas precautorias en materia familiar y penal, así como en los Centros de Convivencia Familiar, políticas laborales internas en respuesta a las necesidades frente a la crisis sanitaria.
