El diputado local Fernando Morales Martínez, de Movimiento Ciudadano, propuso ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla para que haya paridad de género en los cargos de magistrados y jueces.
El legislador plantea modificar el artículo 13 para que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se integre de forma paritaria por magistrados y magistradas; el artículo 14 para que en la nominación de propietarios y suplentes de las magistraturas que son nombrados por el Congreso, a propuesta del gobernador, se observe el principio de paridad.
Además, propone reformar el artículo 22 para que la presidencia del Tribunal de Justicia se designe observando el principio constitucional de paridad y sea rotativa para garantizar la alternancia de género, un periodo un hombre y sucesivamente una mujer.
Asimismo, en la integración de los Juzgados de Oralidad Penal, en el cual el Consejo de la Judicatura seleccionará a los titulares garantizando la paridad para lograr la igualdad sustantiva, es decir el acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La medida también aplicará para los concursos de oposición y la convocatoria de los concursos libres e internos, así como los criterios de desempate para la selección de personas que aspiren a ocupar un cargo en el Instituto de Estudios Judiciales.
Actualmente, de las 22 magistraturas en el Poder Judicial de Puebla, solo cinco son ocupadas por mujeres y 17 por hombres, mientras que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia es ocupada por un hombre, el magistrado Héctor Sánchez Sánchez.
La iniciativa de Fernando Morales se trata de una armonización de la reforma judicial de 2021, que expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, con la Constitución Política del Estado de Puebla. La reforma permitió elevar a rango constitucional la paridad de género, la igualdad, la impartición de justicia con enfoque de género, el combate a la violencia de género, el acoso y abuso sexual en el trabajo de juzgadores y juzgadoras federales.