El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga, consideró que el gobierno estatal debe poner en marcha los 14 verificentros que están pendientes de instalarse en el estado con el fin de facilitar el cumplimiento del proceso a los dueños de un automóvil, previo al arranque de las multas para los ciudadanos que incumplan con dicho trámite.
El también diputado local respaldó la decisión del gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, de ampliar por un periodo de 31 días la prórroga para que las personas con algún automóvil cumplan con el trámite sin ser acreedores a una multa.
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Sin embargo, consideró que antes de que concluya julio, mes en el que vence el plazo para la realización de la verificación vehicular, deberían quedar listos los 14 verificentros pendientes. Lo anterior porque el gobierno estatal proyectó la instalación de 34 verificentros y de acuerdo con la última actualización de las autoridades estatales, sólo se tienen 16 de ellos en funcionamiento.
Algunos de los municipios que cuentan con verificentros son Atlixco, Huejotzingo, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan y Tehuacán.
“El alma de este tiempo, me parece que es un mes más, es para regular todo. Hay que decirlo, hay muchos verificentros que todavía no se han instalado y en esas zonas se aceptaría el tema de que la gente tuvo complicaciones para moverse (…) El tema de la verificación es para proteger el medio ambiente y no un tema recaudatorio”, dijo.
El líder partidista insistió en que el tema de la verificación vehicular es un programa que busca priorizar el cuidado del medio ambiente y rechazó que se trate de una medida recaudatoria implementada por el gobierno estatal que únicamente tenga el objetivo de recibir dinero.
Desde la perspectiva de Jaime Natale, es importante que los ciudadanos también hagan conciencia sobre la importancia de verificar y no dejar en los últimos días el trámite porque de nueva cuenta se registrará caos y largas filas en las unidades.
Fue el 25 de junio cuando el gobernador anunció la ampliación del periodo. Los ciudadanos que incumplan con la verificación podrán ser acreedores a una sanción económica de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir, 2 mil pesos.
