El número de carpetas de investigación iniciadas en el estado de Puebla por delitos cometidos en materia de hidrocarburos se disparó en 116.6 por ciento durante el tercer mes de 2022, comparado con el mes previo. Los ilícitos están relacionados con la presunta compra, comercialización, resguardo, transporte o distribución de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de manera irregular.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este delito del fuero federal presentó una tendencia creciente en el primer trimestre de este año, una vez que en enero se registraron 69 delitos, en febrero cayó a 48 y en marzo repuntó a 104.
Es decir que de enero a marzo 2022 en territorio poblano se iniciaron 221 indagaciones por este delito, razón que mantuvo al estado entre los primeros lugares a nivel nacional con mayor número de casos.
Hidalgo lideró la lista de entidades con más carpetas abiertas al contar con 306, seguido de Estado de México con 243 y el tercer lugar lo mantiene la entidad poblana.
Las cifras actualizadas dejan en evidencia que en los primeros tres meses del año a nivel país se abrieron mil 497 carpetas de investigación; es decir que Hidalgo, Estado de México y Puebla concentraron el 51.4 por ciento del total de ilícitos denunciados.
Es importante mencionar que el Secretariado Ejecutivo no precisa el motivo por el cual se dio cada carpeta de investigación, pero la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos dice que los posibles delitos pueden ser, sustraer hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
Así como quien compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios; altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
Estas conductas se sancionan dependiendo de la cantidad de litros que haya sido apropiada de manera ilegal, mismos que va desde 4 a 12 años de prisión y una multa de 4 mil a 17 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.