En riesgo de perder su propiedad se encuentran los dueños de los departamentos adquiridos en el fraccionamiento Torres Cataluña, ubicado en el municipio de Coronango, ya que existe una disputa legal por el predio donde se construyeron 190 departamentos vendidos mediante Infonavit, y que, para ello, a través de diversas argucias y corruptelas tanto de funcionarios estatales como federales, un empresario constructor fue encarcelado para luego desapoderarlo de su predio y fusionarlo con dos más que ahora constituyen el referido conjunto habitacional.
Se trata de Raúl Gómez Campillo, expresidente de la Cámara de Promotores Industriales de Vivienda A.C. (Provivac), y también extitular de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), en su etapa de fundación, que tras demostrar su inocencia por el delito de fraude del que fue acusado, detenido y posteriormente liberado el 3 de julio de 2019, inició una contraofensiva para exigir la reparación del daño moral, físico y patrimonial que sufrió tras su encarcelamiento.
El dueño de la empresa Grupo G.C.R. S.A de C.V. señala que entre los implicados en los actos de corrupción y abusos de los que fue víctima se encuentran funcionarios públicos de nivel federal y estatal, jueces, abogados y notarios públicos, entre ellos Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente de la CANADEVI; Andrea Emidio Ambrogi Domínguez, expresidente del Consejo de Seguridad Ciudadana de Puebla; Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, excoordinador general jurídico del Infonavit a nivel nacional, y Omar Cedillo Villavicencio, ex secretario general del mismo instituto.
LO ACUSARON DE FRAUDE
Gómez Campillo cuenta en entrevista telefónica que entre 2008 y 2009, en medio de una crisis económica, el banco con el que tenía un préstamo puente otorgado desde 2007 le solicitó el pago tanto de capital como de los intereses del crédito, obligándolo a firmar un fideicomiso y dación de pago, de tal manera que 400 viviendas ofertadas mediante su inmobiliaria y el Infonavit se escrituraron y solo 18 inmuebles entregados y no liberados por hipoteca en el banco; debido a la situación anterior, quedaron con dos notarios impuestos por el Infonavit.
Dicha situación, afirma el empresario, fue puesta del conocimiento del entonces director del Infonavit a nivel nacional (2009), quien acordó inscribir las viviendas para descuento de hipoteca ya solo para esperar la terminación de compra-venta del banco en el que Raúl solicitó su préstamo; una vez que la institución bancaria concluyó con el trámite que tenía pendiente, se procedió a la escrituración de las 18 viviendas que estaban pendientes.
No obstante, el quejoso refiere que, en 2010, Alejandro Gabriel y Omar Cedillo le pidieron a la empresa Grupo G.C.R. un pago de 150 mil pesos por cada vivienda, a lo cual, el empresario constructor se negó debido a que ya había un acuerdo de cómo se iría liquidando la deuda en cuanto a la liberación y dación de pago.
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“Desde ese momento, Alejandro Gabriel, excoordinador general jurídico, se dio a la tarea de difamarme en el gremio de la construcción, perjudicando mi trabajo, a mi persona, reputación y vida pública en todas las esferas”, destaca el entrevistado.
Bajo el antecedente descrito, recuerda que en dos ocasiones fue acusado de fraude por más de 4.8 millones de pesos, cometido hacia particulares y el Infonavit, cuyos titulares en ese entonces (2019), tanto nacional (Alejandro Gabriel) como estatal, (Omar Cedillo), asevera, se aliaron para acusarlo de algo de lo que ya había demostrado su inocencia, creando situaciones para conseguir sus objetivos.
APREHENSIÓN Y LUCHA
Es así como el 11 de abril de 2019 en un restaurante de Lomas de Angelópolis fue detenido Raúl; tres meses después, el 3 de julio de 2019, tal y como consta en el expediente 363/2019, el Juzgado Quinto de Distrito en Amparo Penal en el Estado de Puebla ordenó la libertad bajo caución al asegurado, de igual manera, tras diversos amparos logró que el Poder Judicial de la Federación declarara cumplida la ejecutoria, pero además considerara el asunto como concluido y ordenara la cancelación de los registros o antecedentes penales del empresario el 5 de diciembre de 2019.
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El constructor acusa que mientras estuvo preso su salud se deterioró, además de que fue amenazado de muerte si continuaba con la defensa de su terreno, que a través de una inmobiliaria en 2017 fue vendido a dos mujeres, las cuales solo dieron un pago inicial sin cubrir el monto total del costo del terreno.
Más tarde supo que esas mujeres eran trabajadoras domésticas de Luis Alberto Moreno Gómez Monroy y Andrea Emidio Ambrogi Domínguez, quienes ahora aparecen como dueños de la fusión del lugar donde se construyó Torres Cataluña, por medio de “Construcciones Técnicas Hermo” y “La Concordia de Atlixco”, respectivamente.
Por tal motivo, el agraviado inició con una demanda por el pago restante, o bien, para la devolución del terreno; el proceso se vio interrumpido cuando Raúl fue encarcelado, pero una vez fuera de prisión siguió con la lucha por recuperar su propiedad inscrita en el año 2013 en el Libro Quinto del Registro Público de la Propiedad.
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Fue así como descubrió el robo de las escrituras que contiene la reserva de dominio y que, en su momento, señala, fue alterada con el supuesto poder otorgado de manera ilegal por medio de un notario a las empleadas de Gómez Monrroy y Andrea Ambrogi, a quienes la víctima señaló de orquestar y participar en su arresto con tal de despojarlo de su propiedad.
Por esto mismo, en el año, 2017, el quejoso presentó un escrito al Infonavit en su sede de la Ciudad de México, para que el instituto de la vivienda no otorgara futuros créditos a derechohabientes que buscaran adquirir una propiedad en el desarrollo inmobiliario Torres Cataluña marcado con el número 209, de la calle 14 de julio en San Francisco Ocotlán, municipio de Coronango. La contestación fue negativa.
Lo anterior bajo el argumento de que, si bien eran ciertos los antecedentes sobre la forma de la adquisición del predio denominado polígono “B uno”, y que las mujeres que presuntamente habrían comprado ese terreno aceptaron en sus declaraciones ante las autoridades, haber firmado una escritura sin saber de qué documentos se trataban y mucho menos contar con la liquidez que para ello se requería, el desarrollo inmobiliario ya estaba autorizado por la delegación del Infonavit en Puebla, sobre la fusión de las propiedades, de tal manera que no era posible acceder a su petición.
Antes todas estas situaciones vividas, y luego de que no se le hallaran elementos ni se le acreditara el delito de fraude genérico, Raúl busca limpiar su nombre, además de que sigue en juicio por la reclamación de su predio en comento.
Incluso ya presentó otra denuncia, pero ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que acusa a todos los involucrados en estos presuntos actos de corrupción, bajo cargos de abuso de autoridad, amenazas, responsabilidad de abogados y litigantes y falsedad de declaraciones o informes dados a una autoridad.
En tal denuncia figuran el director nacional del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez; Antonio Kuri Alam, delegado en Puebla de esa misma institución; Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente de la CANADEVI; Andrea Emigdio Ambrogi Domínguez, expresidente del Consejo Ciudadano, además de notarios, asesores inmobiliarios, entre otros.
