Las víctimas de algún delito o error administrativo atribuible a alguna autoridad y cuyo vehículo sea llevado al corralón, no solo tienen el derecho de que su unidad le sea devuelta sin ningún tipo de pago, también que les sea entregada en las mismas condiciones en las que fue asegurada, explicaron especialistas en derecho.

Lo anterior significa que no deberá pagar por servicios de grúa, arrastre y piso; además, si al momento de la liberación existe algún robo o daño en la unidad, el afectado puede reclamar una indemnización por parte de quien resulte responsable.

Tal fue el caso de la señora Blanca Lidia N, el cual fue llevado por el equipo de litigantes conformado por Juan Carlos Urbina, Gilberto Vladimir Montalvo, Óscar Terrones e Ignacio Neri, quienes compartieron a El Sol de Puebla que el 16 de octubre de 2018, sin que ella tuviera que ver con el hecho criminal, su clienta fue notificada de que las placas de su vehículo se encontraban involucradas en una carpeta de investigación relacionada con un feminicidio, situación ante lo cual ella, decidió por voluntad propia, poner a disposición de las autoridades ministeriales su automóvil para que se hicieran las inspecciones, diligencias o investigaciones a las que hubiera lugar.

Luego de diversas pesquisas y a cinco meses de la prestación del vehículo, en acuerdo radicado el 7 de marzo de 2019, el agente del Ministerio Público determinó que era procedente entregar la unidad de la señora Blanca, sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada a El Sol de Puebla, el día que la dueña de la unidad acudió a las oficinas de las grúas San Andrés para que le devolvieran su vehículo, le exigieron un pago de 24 mil 530 pesos por concepto de arrastre y el tiempo que estuvo en resguardo.

Por lo anterior, la mujer requirió de la asesoría de un abogado, de tal manera que sus representantes legales promovieron una audiencia de control oral para que su auto le fuera devuelto sin ningún tipo de cobro, no obstante, la juez declaró que no tenía competencia para conocer del asunto.

Ante la resolución de la togada, los litigantes interpusieron un amparo en el juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo Penal, tratándose del 850/2019, mediante el cual y después de pasar por todas la etapas legales requeridas, el 14 de octubre de 2019, la ley amparó a la propietaria del automóvil, por lo que se ordenó que su unidad se le regresara sin ningún cobro y tal y como se lo entregó a la Fiscalía de Puebla.

Sin embargo, al acudir al corralón donde estaba la unidad, es decir sobre Periférico Ecológico y la carretera federal a Amozoc, a Blanca le indicaron que su coche lo tenían. Al llegar a este, notaron que se trataba de un terreno en un lugar más lejano baldío, a la intemperie, sin ningún tipo de protección o resguardo, de tal forma que al revisar el auto, este ya no contaba con batería, velocímetro y el espejo lateral además estaba roto, por lo que ahora los daños a su vehículo ascendían a 18 mil pesos.

Ante tales hechos, y luego de que en el amparo a favor de la promoviente se especificara que el auto debía ser devuelto tal y como lo entregó, el corralón ahora en lugar de cobrar por derecho de piso y otros conceptos, tuvo que pagar por los daños al automóvil.

En este sentido, el abogado consultado señaló que las víctimas de un delito o como en este caso, presten su unidad a las autoridades para diversas investigaciones, deben recibir dicho vehículo en las mismas condiciones físicas que lo entregaron.

Es así que el amparo otorgado estableció que se debía entregar el vehículo tal y como la señora lo entregó a la Fiscalía, por lo que los responsables del corralón ahora tuvieron que pagar los daños valuados en 18 mil pesos por golpes, piezas faltantes y los efectos del sol y de la lluvia que provocaron corrosión en la pintura de la unidad.