Este fin de semana, trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Puebla, pusieron en aprietos a la institución procuradora de justicia, luego de que a golpes y con gas pimienta, evitaran que la familia de una joven practicante del Hospital del Niño Poblano, localizada sin vida en 2018 en San Andrés Cholula, entrara al edificio de la dependencia para exigir por enésima ocasión, que el caso se investigue como feminicidio y no como suicidio. El asunto llegó a oídos de la ONU, quien se pronunció al respecto.
Todo comenzó la mañana del pasado viernes, cuando familiares de Zyanya, originaria de la Ciudad de México, acompañados de activistas feministas, llegaron al fraccionamiento Real de Zavaleta, donde hace tres años, la joven fue encontrada sin vida, con una soga en el cuello y una carta póstuma.
Ahí colocaron cartulinas, lonas y diversos mensajes para exigir justicia, pero, además, solicitaron que el domicilio no fuera entregado a los dueños, pues sostuvieron que aún podrían existir indicios para seguir investigando el asunto y determinar que fue un feminicidio.
Incluso compartieron que contaban con un amparo en el que una autoridad federal ordena al juez de la causa que reabra el caso para investigar si fue o no un suicidio.
Posterior a este hecho, ese mismo día, los familiares de Zyanya y todas las personas que las apoyaban, se desplazaron al edificio central de la Fiscalía de Puebla, en el bulevar 5 de Mayo y 31 Oriente, donde la petición fue la misma; sin embargo, en su intento de entrar, fueron repelidas a golpes y con gas pimienta por elementos de seguridad y otros trabajadores del lugar.
Los hechos fueron grabados y posteriormente difundidos en redes sociales, lo cual generó indignación entre grupos feministas, la sociedad en general y otros organismos no gubernamentales ya que, a través de Twitter, la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, hizo un llamado a las autoridades a respetar al derecho a la manifestación pacífica.
Lo anterior generó reacción por parte de la Fiscalía General del Estado la cual aseguró que respeta la libre expresión y que se investigaría y castigaría a los responsables de dicha agresión.
Fue así como al día siguiente, es decir el sábado pasado, los agraviados convocaron a rueda de prensa frente a la Fiscalía para dar a conocer que el fiscal de Derechos Humanos, Ulises Sandal Ramos, se comprometió a investigar a los más de diez servidores públicos que cometieron la agresión. Además de que se garantizó la práctica de todos los actos de investigación independientes que la familia de la Zyanya solicitó antes de la entrega del inmueble de Cholula, en un término de 20 días.
