Luego de que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla consignó que las personas privadas de su libertad en las cárceles del estado afrontan condiciones de insalubridad y escasa atención profesional, entre otras deficiencias, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) defendió que, durante los tres últimos años, además del reforzamiento en la vigilancia de estos espacios de reclusión, se han implementado diversas actividades enfocadas en mejorar la salud física y mental de la población penitenciaria.
Así, después de que El Sol de Puebla dio a conocer que el ombudsperson poblano, Félix Cerezo Vélez, acreditó, a través del Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2022, que las cárceles del estado obtuvieron una calificación de 5.7, en cuanto a su calidad, seguridad y cuidado a los derechos humanos, la SSP declaró a la opinión pública que el mejoramiento de los reclusorios ha sido una prioridad para la actual administración estatal.
Mediante una carta enviada a esta redacción, la dependencia subrayó que 2022 fue el año en que los penales a su cargo fueron sometidos a una renovación de infraestructura, específicamente aquellos que están situados en los municipios de Puebla, Chalchicomula de Sesma y Tepexi de Rodríguez.
De hecho, compartió que en Ciudad Serdán se construye en este momento el primer reclusorio femenil en la historia de Puebla.
Asimismo, pugnó que la seguridad de estos recintos sea ineficiente, pues apuntó que, de 2019 a la fecha, se ha rehabilitado el equipamiento de videovigilancia, además de que se han incluido 233 nuevos agentes y 20 ejemplares caninos más en las filas de la Policía Estatal Custodio, agrupación que tiene la responsabilidad de frustrar la entrada de narcóticos, teléfonos celulares, armas, explosivos y papel moneda a las diversas prisiones estatales.
En este rubro en particular, la SSP resaltó además la destrucción del llamado Pueblito, recinto construido de forma ilegal al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla capital, en el que los reclusos con poder adquisitivo alto podían acceder a lujosos servicios personalizados, como hoteles, restaurantes y hasta estéticas.
“Como parte del compromiso de mejorar la reinserción social de las personas privadas de la libertad, concluyó la destrucción de espacios construidos de forma irregular, acción realizada bajo la supervisión de notarios públicos y personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla”, acentuó la dependencia.
Ahora bien, luego de que la CDH informó que diversos penales como los de Zacatlán y Chignahuapan, así como los Centros de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA) en la entidad, carecen de servicios médicos, psicológicos y hasta de trabajo social, la SSP informó que se mantienen actividades escolares y laborales en todas las prisiones estatales.
Aunado a ello, señaló que en estos tres años se han implementado actividades psicoterapéuticas, talleres de gestión menstrual; atención especializada en audiología, optometría, podología y medicina preventiva, esto sin contar la aplicación de vacunas contra Covid-19. No obstante, no se indicó si dichas actividades estuvieron disponibles para todas las personas privadas de la libertad en Puebla o no.
A propósito, justificó que, a nivel nacional, Puebla fue la única entidad que designó un área específica para la atención de pacientes enfermos con Coronavirus, esto a través del sistema CIEPA, el cual fue adaptado para esa finalidad desde el año 2020.
Finalmente, no hay que olvidar que los Ceresos peor evaluados en el estado fueron los de Acatlán de Osorio, Chignahuapan, Huauchinango, Huejotzingo, Libres, Puebla capital, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Xicotepec de Juárez y Zacatlán.
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