/ miércoles 16 de mayo de 2018

Juicio en Alemania por caso de venta ilegal de armas a México

La legislación alemana prohíbe que fusiles fabricados por su país sean entregadas a zonas en conflicto

Seis exempleados del fabricante de armas alemán Heckler & Koch (H&K) comparecieron este martes ante un tribunal por la venta ilegal de varios miles de armas a México.

Al comienzo del juicio, en Stuttgart (sur), militantes de derechos humanos manifestaron delante del tribunal denunciando que las armas en cuestión pudieron haber sido utilizadas en la masacre de 43 estudiantes mexicanos en 2014.

Los seis acusados son sospechados de haber vendido entre 2006 y 2009 miles de fusiles de asalto automáticos HK G36 a México, infringiendo la legislación alemana sobre venta de armas.

Se trata de dos ex directores generales, dos ex directores comerciales, una empleada comercial y un ex representante de la firma en México, de entre 54 y 77 años.

La pena para los acusados podría alcanzar hasta los cinco años de prisión y la empresa Heckler & Koch podría ser multada.

Según la acusación, los sospechosos sabían que las armas terminarían en los estados mexicanos más afectados por la violencia, lo que la licencia de exportación prohibía formalmente. La legislación alemana sobre el control de armas prohíbe que las armas fabricadas por las empresas nacionales sean entregadas en zonas de conflicto.

Según la prensa alemana, el ministerio de Defensa mexicano aprobó la compra de 9.652 fusiles HK, de los cuales 4.796 terminaron en estados como el de Guerrero, azotado por la corrupción y la violencia de los carteles de droga.

Según los militantes por los derechos humanos, los fusiles HK G36 fueron enviados a la policía de Iguala, una ciudad de Guerrero donde seis estudiantes murieron y 43 desaparecieron en septiembre de 2014.

"Los que autorizaron esas exportaciones de armas (...) son cómplices de asesinato", declaró uno de los militantes, Jürgen Grässlin, al canal de televisión regional SWR.

Grässlin, quien presentó una demanda en 2010, inició el caso. Había sido contactado por un ex empleado de H&K disconforme con esas ventas.

Según Jürgen Grässlin es de conocimiento público que en algunos estados de México los criminales y la policía utilizan el G36 y que "a menudo, cooperan entre ellos".

El juicio comenzado este martes durará hasta fines de octubre.


Seis exempleados del fabricante de armas alemán Heckler & Koch (H&K) comparecieron este martes ante un tribunal por la venta ilegal de varios miles de armas a México.

Al comienzo del juicio, en Stuttgart (sur), militantes de derechos humanos manifestaron delante del tribunal denunciando que las armas en cuestión pudieron haber sido utilizadas en la masacre de 43 estudiantes mexicanos en 2014.

Los seis acusados son sospechados de haber vendido entre 2006 y 2009 miles de fusiles de asalto automáticos HK G36 a México, infringiendo la legislación alemana sobre venta de armas.

Se trata de dos ex directores generales, dos ex directores comerciales, una empleada comercial y un ex representante de la firma en México, de entre 54 y 77 años.

La pena para los acusados podría alcanzar hasta los cinco años de prisión y la empresa Heckler & Koch podría ser multada.

Según la acusación, los sospechosos sabían que las armas terminarían en los estados mexicanos más afectados por la violencia, lo que la licencia de exportación prohibía formalmente. La legislación alemana sobre el control de armas prohíbe que las armas fabricadas por las empresas nacionales sean entregadas en zonas de conflicto.

Según la prensa alemana, el ministerio de Defensa mexicano aprobó la compra de 9.652 fusiles HK, de los cuales 4.796 terminaron en estados como el de Guerrero, azotado por la corrupción y la violencia de los carteles de droga.

Según los militantes por los derechos humanos, los fusiles HK G36 fueron enviados a la policía de Iguala, una ciudad de Guerrero donde seis estudiantes murieron y 43 desaparecieron en septiembre de 2014.

"Los que autorizaron esas exportaciones de armas (...) son cómplices de asesinato", declaró uno de los militantes, Jürgen Grässlin, al canal de televisión regional SWR.

Grässlin, quien presentó una demanda en 2010, inició el caso. Había sido contactado por un ex empleado de H&K disconforme con esas ventas.

Según Jürgen Grässlin es de conocimiento público que en algunos estados de México los criminales y la policía utilizan el G36 y que "a menudo, cooperan entre ellos".

El juicio comenzado este martes durará hasta fines de octubre.


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