Los políticos no son los únicos que tienen el poder de declarar una crisis. Los movimientos de masas de gente corriente también pueden hacerlo... La esclavitud no fue una crisis para las élites británicas y norteamericanas hasta que el abolicionismo hizo que lo fuera. La discriminación racial no fue una crisis hasta que el movimiento de defensa de los derechos civiles hizo que lo fuera. La discriminación por sexo no fue una crisis hasta que el feminismo hizo que lo fuera. El apartheid no fue una crisis hasta que el movimiento anti- apartheid hizo que lo fuera.
- Naomi Klein -
El cambio de régimen, que no nada más de gobierno, al que millones de personas apostaron y dieron su confianza en julio del año pasado, exige un nuevo contrato social en que se definan nuevas reglas de convivencia y se rediseñen las instituciones de la República para que la relación entre Estado, Mercado y Sociedad, sea armónica y sus dinámicas abonen a un futuro más luminoso para todos.
En anteriores entregas compartí, con mis amables lectores, la caracterización de las dimensiones política, económica y social que darán forma y fortaleza al nuevo contrato que será adhesivo para reparar nuestro lastimado y erosionado tejido social y procurar las mejores condiciones de paz y bienestar a las personas, familias, comunidades y regiones de México.
Por desgracia, el discurso de división, polarización, resentimiento y rencor social, que ha permeado con lamentable éxito en millones de mexicanos, así como la narrativa del desprecio e irrespeto por las instituciones de la República y el Estado de Derecho, a la vez que han abonado a la erosión del entramado colectivo, han desvalorizado a la sociedad civil como protagonista del cambio social.
La sociedad mexicana es una realidad compleja, heterogénea y diversa; compuesta por personas, grupos y núcleos de población con diferentes experiencias, aspiraciones y visiones del mundo y la integran niñas y niños; mujeres y hombres, indígenas, personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores; minorías y grupos vulnerables de diversos orígenes, rumbos y destinos: no hay tal entidad monolítica y despersonalizada como el pueblo.
En este orden de ideas, justo es reconocer que no podemos pretender un principio de acuerdo ni de orden para delinear un nuevo contrato social, si no damos el justo reconocimiento al inconmensurable valor que la sociedad civil organizada ha tenido en el progreso reciente de México.
En este sentido, los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México y el pasmo de lo público fueron los detonadores para que emergiera, con una fuerza inesperada, la iniciativa ciudadana para resolver la emergencia y organizarse desde y hacia los mejores valores y actitudes, entre muchos otros, de solidaridad y colaboración.
Desde entonces y a la fecha, la movilización y organización de la sociedad civil (con distintos objetivos, pero básicamente pacífica, autónoma del gobierno, su financiamiento y sus estructuras políticas; no orientada a obtener cargos públicos ni a actividades lucrativas), lo mismo ha permitido la defensa y promoción de los derechos individuales y la defensa de las libertades fundamentales, que ha sabido suplir -y, en algunas ocasiones, acompañar y apoyar- las falencias del Estado en el funcionamiento de sus tareas y responsabilidades.
El Sistema Nacional Anticorrupción es la prueba más clara de los logros que, desde la Sociedad Civil, ha alcanzado México en acuerdo con Estado y Mercado. Es indispensable revalorarla y fortalecerla.
El autor es secretario general de Gobierno.