A muchos les puede parecer una gran noticia que el presidente acuerde con los grandes empresarios el mantenimiento intacto de los impuestos y la negativa del gobierno a tasar las herencias y a los grandes capitales digitales e inmobiliarios. Muchos piensan que esta es una medida adecuada, dados los resultados de la pandemia, pero habría que recordar que nunca es un buen momento para establecer más impuestos. Nunca.
Bajo esa premisa, el acuerdo del presidente con los empresarios es un guiño del ejecutivo para calmar las aguas después de la elección y seguir consintiendo a quienes tienen grandes capitales en el país, pero que difícilmente se traducen en grandes beneficios para el erario nacional.
Esta semana se dio a conocer que Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, debe al SAT alrededor de 40 mil millones de pesos. Si la cantidad es ofensiva por sí misma, esa sensación se vuelve mayor cuando se piensa que a un trabajador que gana 7 mil pesos al mes se le retiene por concepto de impuesto sobre la renta un porcentaje que ya quisiéramos que Salinas Pliego pagara de inmediato. No es es solo una cuestión de pagar o no, sino del momento en que se hace. Por eso, el mismo Salinas Pliego se mofa y replica que pagará después de pelear ante los tribunales hasta el último centavo que el SAT le quiera cobrar. Cuando se adeudan 40 mil millones de pesos y se pacta con el gobierno su pago, no da lo mismo pagarlos hoy que pagarlos en cinco años.
Esto tiene un culpable: el gobierno.
La reforma fiscal termina siendo un sueño nunca logrado y esa es una desgracia para un país que sufre la desigualdad a cada momento. El gobierno de López Obrador ha perdido la oportunidad de lograr una reforma de gran calado en materia fiscal. Tenía la legitimidad desde que ganó las elecciones de 2018, pero AMLO decidió no pelearse con ciertos grupos de interés en el país: los que lo sostienen su ortodoxia económicamente y que están contentos con las obras y programas emprendidos por el presidente.
Se equivocan quienes piensan que este es un gobierno fiscalmente de izquierda: la receta de la austeridad, del gasto ortodoxo y la negativa a establecer impuestos a herencias, por ejemplo, están más cerca de la derecha que de la izquierda progresista.
Llama la atención que la oposición argumente que con los resultados de la última elección el presidente ha perdido la oportunidad para hacer una gran reforma fiscal: esa oportunidad la tuvo durante tres años y no la llevó a cabo porque no le interesa. AMLO es un ortodoxo en muchos sentidos, y no dejará de serlo en materia fiscal, porque en este momento no quiere turbulencias. La afectada seguirá siendo la clase media o, dicho de otro modo, los sujetos fiscales cautivos que sostienen a este país: los trabajadores.
En ese sentido, las elecciones vuelven a dejar al presidente la mesa puesta para intentar la aprobación de una reforma fiscal y, si no lo hace, es porque no está en su agenda aprobar reformas que afecten grandes intereses.
Primero los pobres -en los programas sociales-, pero primero los ricos cuando se trata de cuestiones fiscales.
En eso ha fracasado este gobierno, de la misma forma que los anteriores. La clase media, tan vilipendiada por gobiernos priistas y panistas, sigue teniendo el mismo trato en el gobierno de Morena: un desprecio constante; un olvido indigno.
