Magnolia Ivonne Enríquez Parra es candidata a regidora del ayuntamiento de Puebla en la planilla del morenista José Chedraui Budib.
“¿Quién es o qué hacía antes?”, se preguntará usted.
Ahí le va.
Hasta hace unas pocas semanas todavía era secretaria de la Federación Obrera de Organizaciones Femeniles (FOOF) del estado, un organismo civil adherido al PRI, y titular, sorpréndase, de la Secretaría de Gestión Social del comité municipal del mismo partido tricolor.
Se supone que en el PRI, desde el año 2022, hacía mancuerna con Juan de Dios Bravo Jiménez para preparar a los militantes de ese instituto político a encarar la guerra electoral de 2024, que ya se llegó.
“Con esos antecedentes, ¿qué hace entonces en el ejército electoral de Morena y sus aliados de la 4T?”, cuestionará ahora.
Ivonne Enríquez está ahí, en la planilla de regidores de Chedraui Budib, por obra y gracia de Leobardo Soto Martínez, su exesposo.
El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el supuesto pero muy falso brazo obrero del PRI, concretó acuerdos políticos con el candidato a presidente municipal de Morena para desplegar favores mutuos.
Eso significa que Soto Martínez y la CTM operarán para “Pepe” Chedraui y Morena, no para Mario Riestra y el PAN, partido que va de la mano del PRI y que lleva como candidato a gobernador a Eduardo Rivera Pérez, quien, eso se tenía entendido, era su aliado o lo había sido en los comicios intermedios de 2021.
La maniobra no sorprende y puede no ser noticia para muchos observadores.
Desde la caída del PRI en 2010 Leobardo Soto ha sabido vender su apoyo –y sus convicciones– al mejor postor, sin importar que en un proceso electoral juegue en un bando y al siguiente en otro, el opuesto.
Enríquez Parra es mamá de Leobardo Soto Enríquez, quien se hizo regidor en el año 2021 gracias a la alianza del PRI con el PAN.
Igual de firme en sus ideales políticos que su padre, hace una semana renunció a la militancia tricolor para sumarse a las campañas de Alejandro Armenta Mier y José Chedraui.
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Muy mal se han visto en estos días las candidatas a diputadas federales de Morena, Nora Merino Escamilla y Vianey García Romero, al mostrarse entre líderes de grupos feministas y sumarse (al menos verbalmente) a la serie de causas que enarbolan, como la despenalización del aborto.
Ambas, tanto Merino como García, tuvieron la oportunidad de promover esa deseada despenalización, así como el otorgamiento de condiciones para la realización de abortos seguros en el estado de Puebla, y no lo hicieron.
Como diputadas locales, las dos, la primera de ellas en dos legislaturas, se sometieron al dictado de órdenes del extinto Miguel Barbosa Huerta y se opusieron rotundamente (en privado, claro) a la realización de los foros prometidos que nunca se llevaron a cabo.
Merino Escamilla incluso se burlaba en redes sociales de movimientos feministas como los del 8 de marzo, para quedar bien con Barbosa, quien como gobernador pareció más un defensor de las causas de derecha y de la iglesia católica y se negó a dar cauce a una de las principales demandas de las mujeres organizadas.
Aunque hayan borrado sus viejos tuits y ahora hayan retomado presuntas banderas de Morena, solo porque están en campaña y así conviene a sus intereses políticos, las electoras mujeres seguro no lo olvidarán.
Quizá sirva que empiecen por ofrecer una creíble disculpa.
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Helena Monzón Pérez tuvo razón cuando advirtió a través de sus redes sociales que Javier López Zavala estaba cerca de abandonar la cárcel debido a un amparo obsequiado por el Poder Judicial.
Tres magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Puebla fueron exhibidos en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador por favorecer a Zavala, presunto autor intelectual del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón.
Los señalados son Arturo Gamaliel Ruiz Jiménez, Armando Mata Morales y José Luis Moya Flores.
Una nueva mancha para ese ya de por sí muy desprestigiado poder del Estado.
