El tema de la seguridad –o la inseguridad– pública se ha vuelto ya una herramienta recurrente de confrontación política en el proceso electoral.
Primero fueron los candidatos de la coalición opositora, donde cohabitan PAN, PRI, PRD y en unos casos PSI, quienes metieron la inseguridad como uno de los pilares de su propaganda, para criticar la política de “abrazos, no balazos” que proviene del gobierno federal, representada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y toda la 4T.
Abanderados opositores como Eduardo Rivera Pérez arrancaron la contienda con señalamientos fuertes a la incapacidad de Morena para contrarrestar la expansión del crimen organizado en el país y sus efectos devastadores.
Esa estrategia bien planeada mereció el reproche de los candidatos de la 4T y hasta un exhorto del gobernador Sergio Salomón Céspedes para frenar el uso electorero de la crisis de inseguridad que se vive en muchos rincones de México.
El tema es delicado y sensible, dijo el mandatario estatal días antes del comienzo de las campañas locales, como preámbulo para pedir que no se utilizara como instrumento de combate en los comicios.
Hizo bien.
Su recomendación fue acatada unos días… hasta esta semana, cuando se invirtieron los papeles entre críticos y criticados de la inseguridad.
Tres asesinatos cometidos esta semana en las inmediaciones de Zavaleta, territorio de la capital, gobernador por el PAN, sirvieron para que ahora los del bando oficialista descargaran su batería y sus señalamientos en contra de las administraciones del partido blanquiazul, con los mismos “argumentos” que semanas atrás condenaron y que no utilizaron para acusar ineptitud, por ejemplo, en Acatzingo e Izúcar de Matamoros, municipios donde también se han cometido homicidios importantes.
Es cierto que la inseguridad es uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos que irán a las urnas el próximo 2 de junio y que, por tanto, están a la espera de conocer propuestas serias que conduzcan a México, Puebla y sus comunidades a una mejor ruta, pero no será con acusaciones meramente políticas e interesadas en exagerar los acontecimientos como se va a resolver el problema.
Ejércitos opositores y oficialistas, así como sus candidatos a los principales puestos de elección popular, donde destacan Eduardo Rivera Pérez, Alejandro Armenta Mier, Mario Riestra Piña y José Chedraui Budib, tienen que comprender que una agitación social añadida a la contienda, en estos dos meses de campaña, puede abrir la puerta a la incursión de las bandas delictivas, que querrán aprovechar el ambiente de temor y disputa entre partidos políticos para ampliar su influencia.
La crisis que viven las juntas auxiliares, los municipios y el estado no se solucionarán con el trabajo de autoridades separadas y peleadas entre sí.
El momento tendría que ser utilizado, sí, por los partidos, pero para armar un proyecto general que combata el crimen y la delincuencia.
Esa política de “abrazos, no balazos” fue completamente ineficiente para acabar con el problema, pero no servirá de nada acusar al que ya se va.
Sean todos responsables.
Delitos se cometen en todas las demarcaciones, sin importar el color del político que gobierne.
* * *
Ya que están todos en campaña, a ver qué candidato o candidata se anima a ayudar a los habitantes de Cuautlancingo que tienen un problema de acceso al transporte público y demandan el apoyo de la administración federal.
Representantes de más de cinco colonias y unidades habitacionales de aquel municipio protestaron para pedir a las autoridades federales que no eliminen la única parada de transporte público que tienen sobre la autopista Puebla-México, con sentido a la ciudad capital, porque de hacerlo enfrentarán problemas de movilidad.
Son unas tres mil familias las que utilizan ese sitio improvisado para abordar unidades de más de siete rutas, que los conducen a la zona de la Capu, mercado Hidalgo, Centro Histórico de Puebla y otros puntos del territorio de la zona metropolitana.
Si nadie de quienes andan en campaña los ayuda, quizá sí lo quiera hacer Omar Álvarez Arronte, secretario de Movilidad y Transporte en la administración estatal, ya sea con una gestión o con la ampliación de una ruta que los apoye.
