El debate de candidatos al gobierno del estado fue un ejercicio de confrontación política que superó las expectativas de los observadores por el papel que desempeñaron los dos principales aspirantes, los únicos con posibilidades reales de ganar la contienda el próximo 2 de junio.
Alejandro Armenta Mier y Eduardo Rivera Pérez, de las coaliciones Sigamos Haciendo Historia y Mejor Rumbo para Puebla, respectivamente, salieron a presentar propuestas de gobierno, pero, sobre todo, a contrastar sus pasados y su presente con el rival, conscientes ambos de la necesidad de obtener simpatías de cara a la jornada que habrá de definir al triunfador.
El opositor Rivera Pérez fue el más agudo, crítico y provocador de los tres, como tenía que serlo al ocupar el segundo lugar en las preferencias electorales.
Tan claro tiene que va detrás de Armenta en intención de voto que así comenzó el encuentro, subrayando que tres años antes, en la elección de presidente municipal de 2021, las encuestas también lo ponían por debajo de su contrincante, a quien terminó derrotando en las urnas con más de 20 puntos de diferencia.
Usó esa presentación para mandar el mensaje de que, pese a las mediciones de preferencia electoral, no ha sido derrotado.
El oficialista Armenta Mier se encargó de administrar su ventaja, al equilibrar sus participaciones entre propuestas de gobierno, defensa y contraataque frente a los embates del político emanado del blanquiazul.
El candidato de Morena y la 4T se vio sonriente todo el tiempo, no mostró enojo alguno ante las críticas del abanderado del PAN, el PRI y el PRD y respondió con seguridad.
El panista llevó al morenista al terreno de “Mario Marín”, como se sabía que iba a ocurrir, pero el morenista fue más efectivo al arrinconarlo como el “candidato del PRI”.
Rivera trató de revirar llamando “candidato Armentira” a su oponente, pero no logró ser igual de convincente que aquel al vincularlo constante y permanentemente con el partido tricolor.
Fue un buen encuentro.
Saber qué tanto va a influir en la votación es otra cosa.
Por su poca difusión es muy probable que no lo haga mucho y que el ejercicio democrático que los poblanos (o solo una parte de ellos) presenciamos ayer quede como un buen antecedente de política electoral para los años y las contiendas por venir.
Fernando Morales, de Movimiento Ciudadano, hizo su tarea: ayudar desde su condición de “opositor” a fragmentar las simpatías ciudadanas por Eduardo Rivera y la coalición que lo postula.
* * *
Quien sea que resulte electo dentro de tres semanas en las votaciones del 2 de junio, el próximo gobernador del estado de Puebla tendrá que lidiar con un enorme problema de seguridad pública, que brotó en la primera década del siglo 21 y que se ha multiplicado en los últimos 15 años, convirtiéndose en origen de muchos delitos alternos.
Se trata del robo, la extracción y posterior comercialización ilegal de hidrocarburo, coloquialmente conocido como huachicol y huachigas, que muy mala fama ha traído a tierras poblanas y que ha desembocado en otros actos ilícitos de igual gravedad, como el asalto a transportistas, el secuestro, la extorsión y el asesinato.
El tema, por cierto, estuvo ausente en el debate entre candidatos a la gubernatura, salvo por Eduardo Rivera Pérez, que hizo una corta mención.
Pero revisemos los datos duros:
En el primer trimestre del año se registraron 315 casos de comercialización o extracción ilegal de hidrocarburo en Puebla y con ello el estado se mantuvo en el deshonroso primer lugar a nivel nacional con el mayor número de ilícitos.
Esta cifra fue 43.1 por ciento mayor comparada con los 220 casos registrados en el mismo lapso, pero del año 2023, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La primera evidencia clara y contundente de que Puebla se estaba volviendo un sitio de explotación para los ladrones de gasolina ocurrió en diciembre de 2010, cuando estaba por terminar el gobierno del priista Mario Marín Torres.
Esa vez se registró una explosión de ductos ordeñados que provocó la muerte de 30 personas y dejó 53 heridos y más de 100 viviendas afectadas.
Después de eso el fenómeno solo creció, durante gobiernos estatales y federales de todos los colores y partidos, hasta agravarse a la magnitud que se conoce hoy en día.
¿Podrá el próximo gobernador por fin resolver este problema?
¿Recibirá Puebla la atención que merece por parte del gobierno federal, que también tendrá una nueva responsable para extinguir el delito?
Deseamos que sí.
Porque ya han sido al menos tres lustros de indiferencia.
